Una veintena de organizaciones y representantes de la sociedad civil del país acusaron a la diputada Melina Hernández Sosa de presentar una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca, regresiva y violatoria del principio de progresividad, al buscar echar para atrás el avance que representa la prohibición de PET y unicel en el estado de Oaxaca.
A través de una carta dirigida a los integrantes la Comisión de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, señalan que el Poder Legislativo no debe ir para atrás en este logro ya alcanzado, toda vez que no se trata de excesos de administraciones pasadas ni hay estudios que documenten daños de las prohibiciones en las comunidades, como indica equivocadamente la iniciativa, sino de un paso en la dirección correcta para proteger el medio ambiente.
Destaca que la exposición de motivos de la iniciativa afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó 90 días al Congreso de Oaxaca “para enmendar la situación” de la inconstitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la ley local de residuos (prohibición de PET y de unicel), lo que es falso porque solo le emitió una notificación.
Añade que la exposición de motivos dice que la declaratoria (misma que no se ha emitido) “tiene efectos vinculantes” para el Poder Legislativo del estado.
Lo que también es falso, ya que no se instruye al Congreso del estado a hacer nada.
“Envases y empaques de plástico de un solo uso”Señala que no hay razón judicial para que el Congreso del estado derogue las fracciones señaladas.
“No hay razón jurídica para que las demás personas físicas o morales puedan incumplir esas disposiciones, sino mediante el amparo”.
Afirman que la iniciativa busca incluir en la ley local una definición de “envases y empaques de plástico de un solo uso”, que es la misma definición que la industria alimentaria y de los plásticos, principalmente la transnacional Coca-Cola, ha intentado establecer, tanto en las negociaciones de la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos de 2019, como en las discusiones de reforma que actualmente se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión.
“Esta definición resulta regresiva y violatoria de los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano, dado que se convierte en un incentivo perverso para incrementar la generación de plástico de único uso y su quema (incineración, termovalorización, etc.) como supuesto aprovechamiento energético, en vez de incentivar su eliminación y fomentar el uso de energía limpia y renovable”.
Destacaron que dicha iniciativa no debe aprobarse y que es importante que puedan realizarse foros públicos de discusión de la misma que cuenten con la participación de la sociedad civil, la academia y otros actores clave.
