Oaxaca necesita una ley de protección a periodistas, toda vez que es fundamental garantizar la vida y seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación, pero además para asegurar toda una serie de elementos que habilitan o inhabilitan el ejercicio periodístico, como la criminalización de la libertad de expresión, afirmó el director regional de Artículo 19, Alejandro Maldonado.
En una charla con periodistas oaxaqueños, promovido por la presidenta de la mesa directiva de la 65 Legislatura, Mariana Benítez Tiburcio, con el propósito de iniciar los trabajos de elaboración de una iniciativa de ley de protección a periodistas en el estado, señaló que la persecución penal por sí misma es un elemento disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión.
“Nunca se debe llegar al extremo de la utilización del aparato penal para castigar expresiones, al menos que se llegue al extremo de lo que se llama el discurso de odio para cometer delitos de lesa humanidad, como genocidio, ejecuciones masivas, ahí es donde a nivel internacional se justifica para ciertas expresiones, pero con la ligereza que se utiliza en México hay que tener mucho cuidado”.
Añadió que también debe protegerse a los periodistas del uso y abuso del derecho civil, en el caso de las demandas por daño moral como una forma de hostigamiento judicial.
“Que no tiene como sanción la privación de la libertad, lo que se pretende es desgastar económica y psicológicamente al comunicador”.
Comentó que la construcción de una ley estatal siempre es compleja, porque existe una ley federal con múltiples complejidades en su aplicación a 10 años de su existencia.
“No ha sido fácil construir un mecanismo que requiere una capacidad técnica, de gestión, presupuestal, que además va creciendo, porque a nivel federal el presupuesto va aumentando. Ahora se busca aprobar una ley general para crear un sistema nacional de protección a periodistas, pero los principales perpetradores de las agresiones son las autoridades municipales y estatales, entonces la pregunta es: ¿éstas autoridades serán las responsables de implementar los mecanismos de protección a periodistas?
Dijo que sin embargo no hay que divorciar el proceso estatal de lo que se está pensando a nivel federal, porque es necesaria una mirada desde los estados de la República y es allí donde no se puede perder el nivel de exigencia para seguir siendo tomados y tomadas en cuenta para participar.
“En Articulo 19 hemos sido muy cautelosos de decir; una ley sí, una ley no; en Sinaloa los periodistas de allá impulsaron una ley local y está bien interesante, pero también hay que leer los contextos políticos, ¿qué viene con el nuevo gobierno?, ¿habría posibilidades de avanzar en la agenda? Que nunca ha sido prioridad, nunca ha sido prioridad, pero por lo menos se espera sensatez; así que hay que medir fuerzas y ver si al gobernante que va a entrar le interesa el tema, ¿cuál va a ser su relación con la prensa?, ¿va a replicar el discurso estigmatizante, el mal llamado derecho de réplica que en realidad es un ataque a la crítica desde la palestra del poder público”.
Impartición de justiciaManifestó que se han buscado diversas formas para la protección de los periodistas, a nivel federal el agravamiento de las penas de cualquier delito que tenga como propósito el menoscabo de la libertad de expresión, pero tampoco el agravamiento de penas por sí solo nos va salvar del problema.
“Hoy por hoy Oaxaca es de las entidades con más asesinatos a periodistas, de 2000 a la fecha tenemos un registro de 15, algo está pasando ahí que no está procesando debidamente el gobierno”.
Subrayó que las medidas de protección por sí solas no salvaran a los periodistas, ya que el problema es la impartición de justicia.
“Hay casos de personas que llevan 10 años con medidas de protección, porque nunca han tenido justicia; entonces es protección y justicia, y ahí ya hay una herramienta muy buena, el Protocolo para la Investigación de Delitos que aprobó la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en 2018, pero que es letra muerta”.
