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México vive una crisis hídrica afectando a 54% de municipios en Oaxaca

agua-oaxaca
Foto(s): Cortesía
Citlalli López Velázquez

La sequía, sobreexplotación e incremento de la población, han reducido en México la disponibilidad de agua por persona. 

La investigación “La Gestión del agua no es una prioridad en México” realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señala que tan sólo de 2000 a 2023 disminuyó en un 20 por ciento y en los últimos 63 años fue del 68 por ciento.

Según sus cifras, “en 1960 la disponibilidad ascendía a 10 mil metros cúbicos (m3), mientras que para el año 2000 se había reducido a 4 mil m3. Actualmente, se encuentra en 3.2 mil m3 y de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación”.

 

 

México vive una crisis hídrica que, al 15 de enero de 2024, afecta a un total de 1,613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales. En el caso de Oaxaca había 310 municipios con algún grado de sequía es decir el 54.4 por ciento del total.

La falta de coordinación entre actores públicos y privados, la obsolescencia de la infraestructura hídrica y la fragmentación en la toma de decisiones contribuyen a la magnitud del problema, destacó el IMCO en su publicación más reciente.

El instituto destacó la necesidad urgente de modernizar la regulación en la gestión del agua para fomentar la coordinación entre los actores involucrados. Además, resaltó la importancia de facilitar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura hídrica en general. En este contexto, el Congreso de la Unión tiene pendiente la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, la cual podría ser crucial para abordar la crisis actual.

 

 

La investigación también sugiere medidas concretas para hacer frente a la crisis hídrica, incluyendo garantizar recursos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ajustar las concesiones de extracción de agua y promover el uso eficiente del agua, especialmente en el sector agropecuario.

De manera concreta planteó ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea a través de las políticas de la Conagua y el Congreso de la Unión, de modo que se ajusten a la disponibilidad anual ambientalmente sostenible.

Hacer obligatoria la medición de las concesiones por parte de la Conagua y el Congreso de la Unión para todos los sectores, incluyendo al sector agropecuario. 

 

 

Desarrollar un plan para el uso eficiente del agua a través de la Conagua para los usuarios del sector agropecuario que garantice el volumen autorizado. 

Promover un mayor volumen de tratamiento de aguas residuales, a través de la Conagua y los municipios, principalmente en el sector agropecuario.

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