Ante los constantes bloqueos que impiden el libre tránsito en la ciudad y en el resto de municipios del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) convocó al Estado a propiciar un nuevo pacto social para retomar los conflictos que generan estas manifestaciones.
“Es importante reconstruir social, política e institucionalmente las formas en cómo nos relacionamos en nuestra entidad, ya que por décadas a través de marchas, plantones y bloqueos, se dan respuesta a diversas necesidades de colectivos en la entidad”, afirmó el titular del organismo autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla.
El ombudsperson aseguró que esta situación ha generado una constante tensión social entre quienes salen a las calles a manifestarse y la población civil afectada por el cierre de las calles, comercios y dependencias públicas.
“De no atenderse de manera pronta, puede generar una profunda erosión del tejido social”, anotó.
Sostuvo que una sociedad en constante conflictividad social supone un desfase de los acuerdos institucionales por medio de los cuales deberían canalizarse y así resolver las diferencias entre sus miembros.
“Esto genera altos niveles de violencia, incrementa la desigualdad, erosiona la democracia y dificulta la garantía y el ejercicio amplio de los derechos”, añadió.
Por eso, expuso que resulta primordial en el marco del relevo gubernamental encontrar nuevas formas de planteamiento y atención a esas problemáticas y crear mecanismos institucionales ágiles, expeditos y eficientes para garantizar la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos de todas personas.
“Lo anterior implica una comunicación ágil y rápida entre gobierno y gobernados, máxime que el estado presenta características sociales, económicas y políticas diametralmente distintas a otras regiones del país que hace poco viable la importación de fórmulas ajenas a nuestra realidad”, agregó.
De esta manera, resaltó que es primordial generar esa gobernabilidad de manera local y desde las propias regiones donde se producen las problemáticas, pues de no hacerse muchas de esas situaciones se trasladan a la capital del estado y a los municipios conurbados.
Además, destacó que todas las personas tienen derecho a la libre manifestación y a disentir con políticas o acciones del Estado, sin embargo, debe procurarse el equilibrio entre su derecho a la manifestación y los derechos de las demás personas.
“Así como la violencia no puede combatirse por medio de más violencia, la exigencia de derechos debe hacerse a partir de la no vulneración de otros, ya que de lo contrario hace que las causas pierdan legitimidad, por más justas que estas sean”, refirió.
Aparte de esto, subrayó que los Estados deben estar siempre abiertos al diálogo, pluralidad de ideas, disenso e incluso, al reclamo de su población, por ser sinónimo de una sociedad viva y democrática.
“En este sentido, se debe evitar al máximo el uso de la fuerza pública contra las personas en la gestión de manifestaciones”, aseveró.
Rodríguez Alamilla también hizo un llamado a las autoridades, sindicatos, organizaciones sociales y personas en lo individual a no anteponer agendas particulares a intereses colectivos y asumir que la construcción de sociedades tolerantes, pacíficas y respetuosas de los derechos humanos es una responsabilidad de todos.
