Después de más de 12 años de estar encarcelados, los afromexicanos Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez salieron libres del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, por ser víctimas de tortura y por no ser comprobada su responsabilidad en los delitos imputados.
La coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Candelaria Castellanos Alvarado informó que los dos afromexicanos, originarios de Chacahua, Villa de Tututepec, fueron detenidos en diciembre del 2011 y posteriormente acusados en enero de 2012 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, y de robo calificado con violencia física, en agravio del estudiante de la UNAM, Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido el 8 de julio de 2011.
Explicó que los detenidos fueron sometidos a tortura, malos tratos y coacción por elementos de la PGJE, violando con ello, su derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho.
Además, observó que la PGJE ejercitó la acción penal por el delito de homicidio calificado a Corcuera Noyola y González Domínguez, sin existir el cuerpo de la víctima, porque aún se encuentra desaparecida.
Detalló que la actual Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) decidió hasta abril del 2016 iniciar las investigaciones por tortura, debido a los señalamientos presentados por las víctimas.
De hecho, precisó que personas expertas independientes en evaluaciones médicos para investigar y documentar los incidentes, aplicaron el Protocolo de Estambul a fin de identificar las causas y las consecuencias de la comisión de este delito.
Incluso, resaltó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) documentó la práctica de la tortura en agravio de los dos afromexicanos y emitió la recomendación 1372016.
De esta manera, destacó que los dos afromexicanos fueron dejados en libertad por el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido por el sobreseimiento del proceso penal 01/2012, por no ser comprobada su responsabilidad en los delitos imputados.
“Son pocos los juzgadores y fiscales decididos en utilizar los mecanismos que prevé la legislación penal, ante las irregularidades o violaciones al debido proceso”, agregó.
Subrayó que la detención y encarcelamiento de los dos afromexicanos representa un caso paradigmático, porque la tortura, la desigualdad, la discriminación y el racismo institucional, marcaron la pauta en el desarrollo del proceso penal enfrentado.
“La libertad de Honorio y Margarito, es la punta del iceberg para demostrar que la aplicación de valoraciones médicas y psicológicas conforme al Protocolo de Estambul, juega un papel fundamental para erradicar la práctica de la tortura en nuestro país”, asentó.
La activista dijo que la libertad de los afromexicanos puede ser la nueva ruta judicial para evitar la privación de la libertad de más personas no responsables de la comisión de hechos delictivos.
“Si bien el derecho a la libertad puede ser restringido al cometerse alguna infracción o delito, su prolongación puede volverse arbitraria o incluso ilegal, si no se encuentra plenamente justificada”, terminó.
