El Centro Calpulli, organización que forma parte de la campaña “Oaxaca Sin Chatarra: Cuida tu salud, cuida al planeta”, reprochó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos conocida como Ley Anti-PET que prohíbe la venta, distribución o uso de botellas desechables de tereftalato de polietileno (PET), así como envases y embalajes desechables de poliestireno expandido (unicel).
“La situación en el mundo en general es bastante grave con relación al medio ambiente. El calentamiento global, el cambio climático está afectando a diversas regiones del mundo. Vemos la escasez de agua a consecuencia de diferentes razones y una de ellas es la contaminación del medio ambiente a través de la producción en masa de las empresas e industrias, entre ellos estos productos de plásticos”, señaló el coordinador adjunto de Calpulli, Felipe Sánchez Rodríguez.
Consideró que debido a que se está anteponiendo los intereses económicos a los del cuidado del planeta, la batalla legal por hacer respetar la ley anti-PET debe ir hacia organismos internacionales.
“Los gobiernos ceden a pesar de que dicen que no hay corrupción y esa es una de las razones por las que las iniciativas que se tienen no se aprueban o en su defecto cuando ya están aprobadas se hacen más suaves en beneficio de esos sectores de la población empresarial”, apuntó.
Sánchez Rodríguez señaló que hay una falta de sensibilidad tanto de la industria como del gobierno junto con sus secretarías, lo que hace que las empresas puedan implantar sus demandas en nuestro país.
El costo-beneficio que tienen estas iniciativas de seguir manteniendo la producción de plásticos es bastante caro no sólo para un sector de la población sino para el medio ambiente pues para producir un envase se requiere mucha cantidad de agua, lo mismo para la producción de productos ultraprocesados, expuso.
Al resolver la controversia del amparo interpuesto por la empresa PROPIMEX S:A de C.V. contra la llamada Ley Anti-PET, los magistrados de la Segunda Sala de la SCJN, señalaron que los diputados locales y el estado de Oaxaca no tienen competencia para establecer prohibiciones a la venta, distribución o empleo de envases y/o embalajes con PET y/o unicel.
La reforma hecha por el Congreso de Oaxaca pretendía reducir hasta en un 70 por ciento la emisión de contaminación por PET en el territorio del estado, porque se estima que el 52.8 por ciento está constituida por botellas desechables de refresco y 17 por ciento por botellas desechables de agua.
"Vemos la escasez de agua a consecuencia de diferentes razones y una de ellas es la contaminación del medio ambiente a través de la producción en masa de las empresas e industrias, entre ellos estos productos de plásticos”. Felipe Sánchez Rodríguez, Coordinador adjunto de Calpulli.
