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La cohabitación forzada se castigará con 15 años de cárcel en Oaxaca

vivienda-oaxaca
Foto(s): Cortesía
Citlalli López Velázquez

Rosario, una niña de Tuxtepec fue vendida para el matrimonio. Ella logró escapar, pero la violencia que sufrió quedó impune. Ahora con la reciente tipificación como delito, la cohabitación forzada tendrá una penalidad de hasta 15 años de prisión para quien la ejerza.

“Este fenómeno social mayoritariamente se encuentra en núcleos sociales rurales, pues las niñas son valoradas como objetos de intercambio y son educadas con habilidades domesticas que elevan su valor”, afirma el informe Matrimonio Infantil en Oaxaca elaborado por el Centro de las Mujeres y Paridad de Género del Congreso del Estado.

Un caso documentado en el informe es la venta de una niña triqui para el matrimonio. Los hechos ocurrieron en 2014. 

 

 

Señalaron que también vendieron a sus otras tres hijas mayores. La menor de edad en cuestión tenía 15 años y apenas hablaba español, mientras que Basilio Estrella, su comprador, de 45 años, presionó para que le devolvieran "su pertenencia".

El pasado 8 de febrero el Congreso de Oaxaca tipificó como delito la cohabitación forzada. 

Con la armonización se agregó el capítulo V denominado Cohabitación Forzada al título sexto, el cual contiene un artículo 202 Quáter del Código Penal de Oaxaca, que establece: 

“Comete el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio o concubinato”.

La penalidad para quienes cometan este delito va de 8 a 15 años de prisión y multa de mil a mil 500 veces el valor diario de la UMA. Esta sanción se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

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