Hay una escena que se repite cada julio y que resume la contradicción más dolorosa de Oaxaca.
Mientras una niña mixe acomoda con orgullo el huipil que heredó de su abuela para bailar en la Rotonda de las Azucenas; mientras una cocinera tradicional enciende el fogón antes del amanecer para preparar cientos de tlayudas; mientras un artesano termina de bordar el último detalle de una blusa que tardó semanas en confeccionar; mientras miles de turistas llegan desde distintos países para conocer la fiesta étnica más importante de América Latina… en otro punto del estado alguien ya planea el siguiente bloqueo.
Es el Oaxaca de los contrastes.
El de la generosidad y el del chantaje.
El de la cultura y el de la presión.
La Guelaguetza significa compartir. Su origen zapoteco alude precisamente a la reciprocidad, a la ayuda mutua, al compromiso colectivo. Es la esencia de un pueblo que durante siglos entendió que nadie prospera solo. Esa filosofía convirtió a Oaxaca en un referente mundial del patrimonio vivo y explica por qué cada edición atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.
Las cifras hablan por sí solas. Para la edición 2026, la Secretaría de Turismo proyectó la llegada de 149 mil visitantes, una ocupación hotelera cercana al 83 por ciento y una derrama económica superior a 668 millones de pesos, además de más de 140 actividades culturales distribuidas en todo el estado.
No se trata únicamente de números.
Son ingresos para hoteles familiares.
Son ventas para mercados.
Son propinas para meseros.
Son carreras para taxistas.
Son pedidos para panaderos.
Son contratos para músicos.
Son semanas de trabajo para miles de familias que esperan julio durante todo el año.
Por eso resulta incomprensible que justamente cuando Oaxaca muestra su mejor rostro también aparezca, como si fuera parte del calendario, el intento de convertir la temporada turística en moneda de negociación.
La historia ofrece suficientes ejemplos.
En 2006, en el momento más álgido del conflicto político-social, la Guelaguetza oficial fue suspendida; el auditorio fue tomado, se registraron actos vandálicos y las festividades quedaron marcadas por uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del estado.
Han pasado dos décadas y el patrón continúa.
Cada temporada de Guelaguetza resurgen amenazas de bloqueos carreteros, plantones, cierres de vialidades o movilizaciones que buscan aprovechar el mayor escaparate turístico de Oaxaca para aumentar la presión sobre las autoridades. Apenas este año, organismos empresariales advirtieron que los bloqueos ponían en riesgo la actividad económica vinculada a la Guelaguetza y al turismo.
No es casualidad.
Mientras mayor sea la derrama económica, mayor es el impacto de paralizar carreteras.
Mientras más cámaras haya apuntando hacia Oaxaca, mayor es la visibilidad de cualquier protesta.
Mientras más turistas circulen, mayor será el costo político de cualquier bloqueo.
Y ahí está el problema.
El derecho constitucional a manifestarse nunca está en discusión. Es una conquista democrática irrenunciable.
Lo que sí merece una discusión profunda es cuándo una protesta deja de ser un ejercicio legítimo de libertad para convertirse en un mecanismo que vulnera los derechos de terceros.
Porque bloquear una carretera no afecta al gobernador.
Afecta al artesano que no puede vender.
Al visitante que cancela su viaje.
Al hotel que pierde reservaciones.
Al restaurante que desperdicia alimentos.
Al conductor que deja de trabajar.
Al pequeño comerciante que depende de esos quince días para sobrevivir el resto del año.
Paradójicamente, quienes más pagan las consecuencias no son los funcionarios contra quienes se protesta, sino los propios oaxaqueños.
Tampoco el gobierno puede lavarse las manos.
Si cada julio las mismas organizaciones encuentran condiciones para convertir la temporada turística en un escenario de confrontación, entonces también existe una responsabilidad institucional. Gobernar no consiste únicamente en desplegar policías cuando aparece el conflicto. Gobernar significa construir acuerdos durante todo el año, prevenir crisis, garantizar el Estado de derecho y proteger simultáneamente el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito.
Ninguna democracia puede sostenerse sobre el chantaje permanente.
Tampoco puede normalizar que la economía de un estado entero dependa de la voluntad de quienes descubrieron que cerrar carreteras produce más resultados que sentarse a negociar.
Oaxaca merece que julio vuelva a ser solamente julio.
Que las notas hablen del Jarabe Mixteco, de los sones de Putla, de la Danza de la Pluma, de la Flor de Piña, de las chinas oaxaqueñas, del mezcal, del tejate y de la hospitalidad de sus pueblos.
Que la conversación nacional gire en torno a la riqueza cultural y no al número de bloqueos.
Porque la Guelaguetza nació para compartir.
No para convertirse, año tras año, en el escenario donde unos cuantos intentan medir su fuerza a costa del trabajo, la tranquilidad y la imagen de todo un estado.
La grandeza de Oaxaca nunca ha estado en quienes cierran caminos.
Siempre ha estado en quienes los recorren para llevar su cultura al mundo.
