La presencia de armas de fuego en el estado de Oaxaca ha privado de la vida a más de 450 personas mujeres y hombres de todas las edades desde la niñez.
Su uso es una constante para la comisión de delitos como homicidios, feminicidios y asaltos, hecho que ha logrado escalar el nivel de la violencia en la entidad.
De enero a agosto de 2022 el 81.2 por ciento de las 559 víctimas mortales (531 homicidios dolosos y 28 feminicidios) fueron asesinadas a balazos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En este 2022 el uso de armas de fuego se disparó, mientras que en enero se cometieron 39 homicidios dolosos, en agosto fueron 75 con este instrumento.
La presencia de éstas en la entidad ha escalado el nivel de violencia que enfrenta la ciudadanía en medio de una pelea legal de México contra Estados Unidos por el tráfico de armas a nuestro país.
Recientemente el Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, Marcelo Ebrard informó al Senado de la República que presentará una segunda demanda legal en el estado de Arizona, en el país vecino con la finalidad de frenar el flujo de armamento provenientes de la unión americana.
Además de imparable, la violencia dejó de respetar edades, niñas, niños y adolescentes también han sido víctimas a quienes las balas les han arrebatado la vida.
Uno de estos casos fue el cometido en febrero en Juchitán de Zaragoza en donde fueron asesinadas en un ataque armado en su domicilio cinco personas entre ellas una niña de tres años de edad.
Luego, el 10 de mayo en San Francisco del Mar, región del Istmo una niña de 13 años de edad falleció en un ataque armado.
Otro hecho más ocurrió el 4 de julio en San Nicolás Hidalgo, Silacayoapan a la altura del paraje conocido como Cerro del Caballo. Ahí una familia fue atacada a balazos. En el lugar murieron dos personas adultas y tres menores de edad.
El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que sus habitantes “tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.
Pese a este mandato de la Carta Magna, en nuestro país es común el uso de armas ilegales en la realización de diferentes actos delictivos.
