Citlalli López Velázquez
Defensoras, activistas y organizaciones feministas unieron sus voces para exigir justicia para Fany Guadalupe, adolescente de 16 años de edad que posterior a denunciar al agente municipal de El Porvenir, Cotzocón, y que además vivía violencia del padre de su bebé, fue hallada muerta, presuntamente por suicidio.
Dentro de las personas que alzaron la voz por Fany está la activista María Elena Ríos Ortiz, la escritora Gabriela Jáuregui; Juan Pablo Antonio, coordinador de SER Mixe; Viana Ríos, activista; Joaquín Galván, activista ayuujk, Evitelia Pacheco de la Red Mariposas de Mujeres Mixes, Violeta Vázquez, liguista y escritora. Lo mismo el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) y la bailarina y activista adolescente, Aleida Ruiz Sosa.
“Fany Guadalupe es un nombre más que se integra a la conciencia social, producto de la brutal violencia en el país, más allá de un nombre representa muchas vidas que sufren las consecuencias de su muerte”, señaló la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien también forma parte de las mujeres que han formado la resistencia contra la violencia hacia las mujeres en el país.
A través de un video circulado en redes sociales también demandaron se asignen medidas de protección para la familia de Fany, principalmente a su tía, por haber exigido que el hecho sea investigado como feminicidio y no como suicidio, al presentar elementos que refieren que así pudo haber sido.
“No queremos vivir con miedo por ser mujeres, queremos confiar en nuestras autoridades”, apunto Aleida Ruiz Sosa en su cuenta en Facebook.
El caso de Fany “evidencia la suma de negligencias, omisiones y vulnerabilidades que como consecuencia derivan en la falta de resultados ante la violencia feminicida”, señaló a su vez Angélica Ayala Ortiz, presidenta del GESMujer.
En reiteradas ocasiones las organizaciones de la sociedad civil han señalado las barreras que existen para denunciar las distintas formas de violencias que viven las mujeres en Oaxaca, señaló.
“Fanny, a sus 16 años, tuvo el valor de denunciar ante las instancias de justicia, por lo cual se abrió la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/Matías/202 y confío en que sería protegida. Fanny, como infinidad de mujeres, enfrentó la falta de atención a pesar de la gravedad de su denuncia; señaló amenazas de muerte por parte del agente municipal de El Porvenir, Isaac H. G., pero las autoridades no actuaron para proteger su vida”.
La situación es aún más grave, indicó, ya que han detectado con usuarias del GES Mujer, mensajes presuntamente de la unidad de género “invitando” a las mujeres que decidieron abandonar a su agresor a que regresen y le den otra oportunidad. “Piense en sus peques” (hijas e hijos), es una de las frases frecuentes con las que buscan manipularlas.
En lo que a las órdenes de protección y medidas cautelares se refiere -abundó- son inoperantes ya que resulta difícil identificar quién o qué instancia actuará y cómo actuará para salvaguardar sus vidas.
“En ese trámite las mujeres en situación de riesgo, se quedan a la espera de una comunicación o de una acción que, por pequeña que sea, les brinde seguridad (…) El caso de Fany ejemplifica la negligencia de quien recibió la denuncia, de quien supervisa los casos de riesgo de violencia feminicida y de quien tenía a su cargo la ejecución de las medidas cautelares, lo que finalmente tuvo como resultado un feminicidio”.
La activista feminista también cuestionó: “¿Cuántas mujeres indígenas han sido víctimas de la violencia institucional?, ¿cuántas de ellas lo único que reciben por parte de las autoridades estatales, municipales o locales fue la confirmación de que su deber es obedecer y callar ante la violencia?”
Subrayó también que no hay que perder de vista que la unión de una adolescente con un hombre casi diez años mayor que ella es una conducta ampliamente normalizada que se tipifica como el delito que equipara a la violación y se sanciona de 14 a 20 años de prisión para quien, usando la seducción y el engaño, aún con el “consentimiento” de la menor, sostenga relaciones sexuales con una persona mayor de 12 años y menor de 18. Fanny fue una madre adolescente.
"El caso de Fany ejemplifica la negligencia de quien recibió la denuncia, de quien supervisa los casos de riesgo de violencia feminicida y de quien tenía a su cargo la ejecución de las medidas cautelares".
Angélica Ayala Ortiz
Presidenta del GESMujer
