El agresor sexual de “Ana”, una adolescente mixteca con probable discapacidad cognitiva, continúa libre. Ella y su bebé, producto de la violación, cumplieron seis meses separadas de su familia al continuar bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Rafael Quiroz Mendoza y Ocsuel Quiroz Mendoza, tío y hermano de "Ana", respectivamente, acusaron que hay protección tanto de la Fiscalía como de las autoridades municipales hacia la persona señalada por este delito.
"Nosotros estamos muy preocupados porque no nos han dejado hablar con ella, la información que nos dan es contradictoria, a mí me dicen que ella está con la bebé y a su hermano que están separadas. Por otro lado, no han detenido al agresor y creemos que lo están protegiendo desde la autoridad municipal porque los apoyó durante su campaña. Esto es injusto, nos tratan así porque somos indígenas", protestó Rafael, quien denunció el delito y la cadena de violencias que sufrió la adolescente.
"Ana" es originaria de San Juan Colorado y enfrenta una discapacidad probablemente cognitiva lo que la ha vuelto sumamente vulnerable a violaciones a derechos. Además de la violación y embarazo forzado, la adolescente fue entregada de manera irregular a una pareja que la tenía como empleada doméstica para pagar los gastos de su proceso de embarazo.
Rafael Quiroz Mendoza denunció que la presidenta del DIF Municipal de San Juan Colorado Dalia Hernández Solano y Angélica Quiroz García han manipulado la información sobre el caso para defender al presunto violador de su sobrina.
“La Fiscalía no ha girado ninguna orden de aprehensión contra el abusador porque la presidenta del DIF ha salido a favor de él. Como somos indígenas y mi papá no sabe hablar el español lo están dejando a un lado, nos ven como personas de escasos recursos y por eso no hay justicia para nosotros”, indicó Rafael.
Mientras tanto “Ana” permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Oaxaca, instancia a la que se le solicitó información al respecto desde el pasado 27 de julio sin que hayan dado respuesta.
Nelly Martínez Echartea integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), quien ha dado acompañamiento al caso abundó que pese al tiempo transcurrido la fiscalía no ha emitido la valoración médica y psicológica que determine si “Ana” tiene o no una discapacidad cognitiva que le impida estar al cuidado de su bebé dentro de su núcleo familiar.
La activista resaltó que también resulta incomprensible porque qué a seis meses del resguardo de “Ana”, tampoco se le permita al abuelo comunicarse con ella. “Si hay una razón que la digan: si también el abuelo cayó en violencia u omisiones por no haberla podido defender de la violencia de la mamá, el padrastro o de quién sabe quién más, pero mientras no haya un cargo, mientras no haya algo que sea jurídicamente aceptable, no pueden mantenerla en ese estado que podríamos decir de reclusión”, resaltó.
