La Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y ex Presos Políticos del 2006 se manifestó ayer afuera de la sede del Poder Judicial Federal (PJF), localizada en la avenida Juárez de esta ciudad, para exigir al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito el cumplimiento de la sentencia de amparo 35/2019 y se finque la responsabilidad administrativa al gobierno por las violaciones a sus derechos humanos durante el movimiento magisterial y popular.
Los inconformes también bloquearon durante su protesta la circulación vial en la avenida Juárez, esquina con Valentín Gómez Farías.
En su representación, el presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, Isaac Torres Carmona informó que la calidad de víctimas fue reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación pública 15/2007, por sufrir detención arbitraria, tortura, retención prolongada e incomunicación el 25 de noviembre de 2006.
Explicó que las víctimas fueron acusadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO) por los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, daños por incendio y ataques contra funcionarios públicos.
Sentencia de amparo
Detalló que las víctimas quedaron privadas de su libertad personal primeramente en la Base Aérea Militar número 15, de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), en San Juan Bautista La Raya, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y después fueron trasladados vía aérea y recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de San José del Rincón, Nayarit, así como en los penales de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tlacolula de Matamoros y en el Consejo de Tutela para Menores Infractores, respectivamente.
Sin embargo, observó que las víctimas obtuvieron su libertad absolutorio meses después al demostrar su total inocencia en los delitos imputados por motivaciones eminentemente políticas, como castigo a su participación el movimiento magisterial y popular del 2006.
De esta manera, demandó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, así como al gobierno estatal, especialmente a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el cumplimento de la sentencia de amparo 35/2019, para que conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Oaxaca y su Reglamento, finquen la responsabilidad administrativa y resuelvan en su favor por todos perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos sufridas en el año 2006.
Además, Torres Carmona requirió a los gobiernos federal y estatal el establecimiento de una mesa conjunta de diálogo con carácter resolutivo para la solución inmediata de sus reclamos.
