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Exigen anulación de prisión preventiva oficiosa en Oaxaca

protesta
Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Ante la cancelación de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su anulación, organizaciones civiles de Oaxaca y de otras entidades del país demandaron al Estado mexicano terminar con la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).

En su representación, la coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Sara Méndez Morales, informó que en México se contabilizaron 94 mil 547 personas privadas de su libertad sin sentencia en el 2021, es decir, el 43 por ciento de la población penitenciaria en prisión preventiva.

De ellas –anotó–, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal y 82 mil 189 del fuero común, según datos difundidos por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Expuso que la mayoría de las personas privadas de la libertad son inocentes porque se les fabricó algún delito o fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como tortura, para declararse responsables de un delito no cometido.

Resaltó que la tortura, la fabricación de culpables y la PPO afectan de manera particular a las personas en una situación de vulnerabilidad, como personas en situación de pobreza o mujeres, cuyas vidas y la de sus familias se ven truncadas al pasar hasta más de diez años en la cárcel de manera injusta mientras no logren demostrar su inocencia.

“A pesar de que es un derecho, en México se ha vuelto obligación para las personas privadas de su libertad demostrar su inocencia”, asentó.

De hecho, subrayó que el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, han manifestado su preocupación por la permanencia de estas prácticas consideradas violatorias a los derechos humanos y han recomendado al Estado mexicano eliminar la PPO de la legislación y en la práctica.

Ante esto, Méndez Morales reclamó terminar con la PPO, la tortura y la fabricación de culpables, así como la generación de políticas públicas efectivas y así las personas injustamente detenidas sean liberadas y les sean reparados de manera integral los daños ocasionados.

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