La Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) exigió a las autoridades garantizar el derecho a la educación y no discriminación a Paola, adolescentes a quien la localidad de Tututepec le negó el acceso a la escuela por no usar falda.
“La libre determinación de los pueblos no puede estar por encima de los derechos constitucionales de la adolescente”, señaló Flora Gutiérrez, abogada feminista e integrante de la RAI capítulo Oaxaca.
"Si bien el artículo segundo de la Constitución mexicana reconoce el derecho que tienen las comunidades de utilizar sus propias normas, prácticas y procedimientos para resolver sus conflictos internos, en la fracción tercera apartado a de ese artículo claramente establece que siempre y cuando no violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución", explicó.
“Nos parece lamentable la decisión del comité de padres de familia y docentes de esta escuela de no permitir el ingreso de la adolescente estudiante con el pretexto de que no llevaba falda. Esta negativa lo que hace es generar discriminación y refuerza los estereotipos de género. La circunstancia viola los derechos humanos que reconoce el artículo 1 constitucional que es el principio de igualdad y no discriminación, pero también el derecho a la educación que tienen las y los niños y que el Estado está obligado a garantizar”, indicó.
Preocupa -dijo- que la localidad, así como el personal docente hayan acordado violentar a Paola escudados en los usos y costumbres. “La comunidad tiene que hacer uso de la perspectiva de género que es una herramienta que nos permite ver las desigualdades y valorizaciones, en este caso, este estereotipo”.
Los sistemas normativos indígenas -enfatizó- son cambiantes, no permanecen estáticos, por ello consideró necesario que en las asambleas o los espacios comunitarios de discusión y resolución de conflictos, apliquen la perspectiva de género.
Apuntó que resulta grave el caso omiso de la localidad hacia las medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para cesar los actos de discriminación.
“El hecho de que no acepten las medidas nos hace darnos cuenta que necesitamos reformar la ley de la defensoría para dotarla de mayor fuerza. No tiene razón de ser dictar medidas cautelares si no hay una consecuencia jurídica a quienes no la acatan”, destacó.
