Como parte de su Jornada Nacional de Lucha por el Derecho a la Justicia, Verdad, Libertad y el Derecho a la Protesta, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) demandó ayer a las autoridades del Estado mexicano cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en favor de los militantes desaparecidos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, para que sean enjuiciados mandos del Ejército Mexicano, por ser responsables de este crimen de lesa humanidad.
En rueda de prensa, donde estuvo acompañado por familiares de otros desaparecidos, el representante de la organización, Juan Hernández Hernández afirmó que la resolución del máximo tribunal del país conforma la responsabilidad del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de los guerrilleros, el 25 de mayo de 2007 en esta ciudad.
“Por tanto, su búsqueda debe ser en campos y cuarteles militares, y que altos mandos castrenses ante la justicia”, asentó.
Por eso, expuso que la sentencia genera un precedente histórico en la lucha de familiares, organizaciones populares y de derechos humanos en la exigencia del acceso a la verdad y la justicia para los miles de detenidos desaparecidos en el país.
“La resolución deben abrazarla el conjunto de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el pueblo organizado, para exigir su cumplimiento y así los responsables materiales e intelectuales sean enjuiciados y castigados”, anotó.
Subrayó que no basta con enjuiciar y castigar a responsables locales o estatales, porque la responsabilidad de este crimen de Estado cometido contra los guerrilleros alcanza la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de México.
“Este crimen de Estado fue planificado y ejecutado de forma coordinada, ya que se mantiene en la impunidad como política de gobierno”, agregó.
Destacó que en la desaparición forzada de los guerrilleros, así como de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, necesariamente el Ejecutivo federal de ese entonces debió conocer y aprobar el cometido de este deleznable crimen.
“No cabe duda que la orden vino desde el Ejecutivo federal”, apuntó.
De esta manera, Hernández dijo que las instituciones e instancias involucradas en el caso deben acatar de forma inmediata el fallo como una orden judicial, porque de lo contrario caerían en desacato y así evidenciarían su naturaleza criminal y la política de impunidad ante los crímenes de lesa humanidad.
