Octavio Vélez Ascencio
Ante el inicio de la audiencia intermedia en el proceso penal a los presuntos responsables, la familia de la activista social Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida el 26 de marzo del 2021 en Asunción Nochixtlán, solicitó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitir un nuevo requerimiento al Estado mexicano y realizar las observaciones necesarias para la debida aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos.
En una carta, suscrita por Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, sostuvo que la justicia en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones independientes y a través de criterios específicos para otorgar certeza jurídica a la ciudadanía.
Sin embargo, observó que en la práctica existe lamentablemente la injerencia de diversos actores para motivar la pérdida de la imparcialidad.
“Estos usos y costumbres institucionales se sujetan a la voluntad y a las condiciones políticas del momento donde es la impunidad la única victoriosa”, asentó.
Expresó que las desapariciones, feminicidios, violaciones y detenciones arbitrarias, así como los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, son los problemas más serios en el país, pues se han incrementado por el escenario de impunidad.
Por eso, subrayó que la familia está preocupada por el proceso penal iniciado por la desaparición forzada de su hermana por la posibilidad de injerencia de actores vinculados a las personas quienes han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como la ex presidenta municipal de Nochixtlán Lizbeth V. H., y otras cuatro personas más, algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal.
“Manifestamos nuestra preocupación que en el caso de nuestra hermana se privilegie más la interpretación política que la genuina aplicación de la justicia”, anotó.
De esta manera, requirió al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, después de la petición de acción urgente presentada el 31 de marzo del año pasado, registrada con el número de referencia AU 1013/2021, hacer un nuevo llamado al Estado mexicano para la debida aplicación de la justicia.
La familia de la activista social desaparecida, dijo que la audiencia intermedia constituye una etapa importante en el proceso penal a los presuntos responsables, porque permite el ofrecimiento, admisión y depuración de elementos de prueba durante el juicio.
“Manifestamos nuestra preocupación que en el caso de nuestra hermana se privilegie más la interpretación política que la genuina aplicación de la justicia”. Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz
