La terna que el gobernador Salomón Jara Cruz envió al Congreso para la elección de fiscal general, está integrada por los abogados Jessica Jeanine Rodríguez Robles, José Bernardo Rodríguez Alamilla y José Antonio Álvarez Hernández.
Jeanine Rodríguez se ha desempeñado como agente del Ministerio Público especializada en atención a delitos de secuestro, de la fiscalía estatal.
Por su parte, Rodríguez Alamilla tiene estudios de Derecho y Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con estudios de Posgrado en la propia UABJO.
Ha sido asesor en materia de derechos humanos en el Congreso federal y en el Congreso del estado; e integrante de diversas organizaciones civiles de defensa y protección de los derechosmhumanos en México.
También se ha desempeñado como colaborador en diversos temas con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de la Unión Europea; y es catedrático en materia de derechos humanos en diversas universidades del país.
Asimismo, ha presentado casos de víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas; y en la creación de diversas leyes en materia de derechos humanos, entre las que destacan: Ley para la Justa Reparación de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, entre otras.
Fue ex consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y, hasta antes de la convocatoria del Congreso local, se desempeñaba como titular de la misma DDHPO.
Mientras Álvarez Hernández es licenciado en Derecho por la UABJO, Maestro en Derecho Civil y Mercantil; y cuenta con un Doctorado en Derechos Humanos.
Ha laborado en el Poder Judicial, y como secretario técnico y ejecutivo de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y como asesor externo de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la 64 legislatura.
