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En Oaxaca designan a Irma Juan Carlos la defensora de reforma indígena

irma-diputada
Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Autoridades comunitarias de los 68 pueblos originarios, nombraron a la presidenta de la Comisión de Pueblos indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos como defensora de la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora de la bancada de Morena, sostuvo que la designación constituye una gran responsabilidad para respaldar esta propuesta de reforma constitucional y así los pueblos indígenas y afromexicano alcancen la tan anhelada justicia.

Expuso que los legisladores de Morena tienen el gran compromiso de impulsar la aprobación de esta y otras reformas presentadas por el presidente López Obrador, así como lo han hecho con las demás iniciativas del Ejecutivo.

“Nos hemos distinguido como verdaderos representantes del pueblo en la Cámara de Diputados”, anotó. 

Sin embargo, reconoció que la aprobación no será una tarea sencilla porque se requiere de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

Pero, subrayó que la bancada de Morena no desistirá ni claudicará, porque tienen la oportunidad histórica de saldar la deuda pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos.

Destacó que los diputados de Morena van a seguir sirviendo al pueblo y respaldando al presidente López Obrador hasta el último minuto de nuestro mandato.

“Por primera vez tenemos a un mandatario que ha acompañado las luchas de los pueblos y ha dado prioridad a los más pobres y desprotegidos del país”, remarcó.

Por eso, llamó a los pueblos indígenas y afromexicano a desarrollar tareas de organización y difusión de la proposición del presidente López Obrador, porque su aprobación requiere de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

La propuesta 

La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano busca garantizar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, sean sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de reconocer sus sistemas normativos.

 

 

Además, propone adicionar el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que les puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno.

Y por último, busca reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como los únicos legitimados para impugnar, por las vías jurisdiccionales establecidas, el incumplimiento de sus derechos.

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