Alrededor de 14 mil migrantes no solamente de Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, sino también de países de Asia, estuvieron en tránsito durante el 2022 San Pedro Tapanatepec, en su camino a la frontera con los Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte La Frontera Vertical, elaborado por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió el campamento a finales de julio del año pasado en ese municipio de la región del Istmo de Tehuantepec para atender a personas en contexto de movilidad y con necesidades de protección internacional.
Para esto, hizo entrega de la Forma Migratoria Múltiple (FMM), un documento que se brinda a los extranjeros que desean internarse de manera regular en el país por los puntos de tránsito internacional durante un período restringido y que no brinda acceso a los procedimientos de regularización y refugio.
En el trayecto de Tapachula, Chiapas a San Pedro Tapanatepec, se documentaron hasta 19 puntos de revisión migratoria fijos y provisionales, integrados en su mayoría por personal del INM, Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías estatales, que obligaron a las personas a rodearlos y así se expusieron a múltiples riesgos, entre ellos, la detención y extorsión de autoridades o asaltos, robos y abusos sexuales por grupos criminales, además de las condiciones climáticas extremas.
La mayoría de los migrantes procedían de Venezuela y de Nicaragua, pero también se identificaron de Colombia, Ecuador, Honduras, Argentina, Perú, Haití, República Dominicana, Cuba, India, Bangladesh, Irán, Afganistán y Pakistán.
A partir del monitoreo desarrollado en las instalaciones del campamento se pudo registrar que el espacio no contó con condiciones de salubridad, agua potable, insumos biosanitarios, espacios adecuados de descanso y de alimentación.
Aunque el espacio también permitió puestos de venta de alimentos, una carpa grande para alojamiento con piso provisional plástico y la instalación de alrededor de 40 baños y ocho duchas portátiles.
Con la instalación del campamento, el número de población aumentó en casi un cien por ciento, pues se estimó que en las instalaciones había aproximadamente 10 mil migrantes y en las inmediaciones del municipio hasta cuatro mil, todos esperando recibir su documento migratorio por períodos de entre 10 y 20 días.
De esta manera, la autoridad municipal se declaró en crisis por la falta de recursos para brindar atención adecuada en materia de vivienda, salud, seguridad y alimentos.
También se presentó desbasto en los comercios de alimentos y fármacos, escasez de agua potable, saturación en los servicios médicos y bancarios, así como aumento de precios en los productos de canasta básica.
Además, el colapso de servicios y la escasez de productos generaron el rechazo de la población local, evidenciando el racismo y xenofobia exacerbados, al grado de segregar la atención en comercios y en servicios bancarios
A partir de los testimonios, quedó documentado que personas y particularmente familias con FMM fueron detenidas en Puebla, Mexicali, Piedras Negras y Ciudad de México, para después ser retornadas a Chiapas y Tabasco por el personal del INM.
Título 42El campamento fue un ejemplo de los impactos de los acuerdos migratorios regionales entre México, Estados Unidos y otros países de América Latina en el acceso a derechos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
En este caso los gobiernos acordaron otorgar 24 mil visas estadounidenses a personas venezolanas que cumplieran con los requisitos del proceso, especialmente, no haber ingresado de manera irregular a México o Panamá a partir del 19 de octubre.
También estableció que quienes ingresaran vía terrestre por la frontera México-Estados Unidos serían expulsados bajo Título 42 a México
Fue así, que desde el 12 de octubre de 2022, comenzaron a regresar migrantes venezolanos de Estados Unidos a México por los puntos fronterizos de Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros y Piedras Negras.
Las personas fueron canalizadas a un albergue de manera temporal, para luego retornarlos al sur de México o ser deportados directamente a Venezuela o a un tercer país.
