La ambientalista mixteca Irma Galindo Barrios desapareció en Oaxaca en octubre de 2021.
Este es uno de los 19 casos de activistas defensores de la tierra desaparecidos en México el año pasado, documentados en el reporte de Global Witness.
Además, suman 54 los defensores asesinados en el mismo año.
"Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte como resultado de su defensa de los bosques", señala el informe anual de la organización internacional sobre ataques a ambientalistas.
"Esta defensa incluyó la presentación de denuncias formales ante la Secretaría de Medio Ambiente".
Global Witness advierte sobre el número desproporcionado de ataques contra activistas ambientales indígenas registrados a nivel mundial en 2021, en particular en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.
Las desapariciones forzadas de activistas ambientales, considera, están dirigidas a sembrar el temor entre familias y comunidades.
Son perpetradas, sostiene, por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada.
Se refiere al caso de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio yaqui, en el sur de Sonora, y al hallazgo de los restos de 6 personas en la zona en septiembre del mismo año.
"Tras múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad yaqui el año pasado, funcionarios declararon que creían que los cárteles de la droga eran los responsables. Algunos integrantes de la comunidad, sin embargo, dijeron que sospechan que gobierno y corporaciones interesadas en la tierra yaqui y los recursos están también involucrados", detalla.
"Impunidad generalizada"El reporte Una Década de Desafío: Diez años de informar sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente en el mundo, liberado anoche, advierte sobre la impunidad que impera en los casos de ataques contra defensores.
"La impunidad sigue siendo generalizada, con más del 94 por ciento de los delitos no informados, y solo 0.9 por ciento resueltos", apunta.
En sus recomendaciones, subraya la necesidad de que el Gobierno de México establezca una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluya la coordinación entre poderes del Estado y la generación de políticas y financiación para garantizar la justicia ambiental, así como diseñar, implementar y supervisar mecanismos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la información y al consentimiento bajo estándares internacionales.
"Si bien el Acuerdo de Escazú fue ratificado por México en enero de 2021 y entró en vigor en abril, hay poca capacidad estatal o presupuesto para apoyar a los defensores, reduciendo la probabilidad de que los individuos y las comunidades obtengan acceso a la justicia y a la reparación", señala.
Al presentar el informe, Global Witness demandó a los gobiernos y a las empresas involucrados a rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, que son, indicó, las personas que se encuentran en la primera línea de la crisis climática.
"Se necesita una acción urgente a nivel regional, nacional e internacional para poner fin a la violencia y la injusticia que enfrentan", indicó.
