Luis Ignacio Velásquez
La 64 Legislatura del estado reformó los artículos 24 y 68 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, a fin de que los 570 ayuntamientos de la entidad en sus presupuestos de egresos establezcan de manera pormenorizada los recursos que serán asignados a las agencias municipales y de policía.
Además, para precisar que la omisión en la entrega de estos recursos será sancionada en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca para el estado de Oaxaca.
El dictamen establece que los municipios tienen la obligación de distribuir de manera mensual a las agencias municipales y de policía los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos provenientes de los ingresos de la hacienda municipal; asimismo, deberá contemplarse en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada núcleo de población, con la condicionante de que la comprobación de los recursos se realizará ante el órgano de fiscalización a través del municipio.
Añade que, partiendo del análisis de los artículos 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, y de la fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, se aprecia que guardan estrecha relación, puesto que es el presidente municipal quien propone al Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos, mismo donde se deben establecer los recursos que se ministrarán mensualmente a las agencias municipales y de policía.
“Sin embargo, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca no hace referencia para establecer de manera obligatoria la distribución de los recursos, mismos que deberán ser asignados a las autoridades auxiliares al momento de elaborar el presupuesto de egresos”.
Destaca que esta situación genera una serie de conflictos principalmente entre los ayuntamientos con las agencias municipales y de policía, propiciado por la falta de entrega de los recursos que les corresponden recibir, ya sea por ser insuficientes o porque el Ayuntamiento simplemente no quiere cumplir con su obligación legal.
Manifiesta que la entrega de recursos a las agencias municipales y de policía contribuye al desarrollo de las comunidades, así como a satisfacer las necesidades prioritarias de la población; que si bien en la mayoría de los casos los presupuestos no resultan suficientes para cumplir con todas las demandas, ante la falta de recursos a que tienen derecho, se les niega cualquier posibilidad de desarrollo en perjuicio de la comunidad.
