SANTA MARÍA HUATULCO, Oaxaca.- La inquietud generada entre la comunidad agraria de Santa María Huatulco, particularmente habitantes de las zonas de Bajos de Coyula y Bajos del Arenal, luego del anuncio hecho por el Gobierno de la República de decretar casi seis mil hectáreas como Áreas Naturales Protegidas (ANP), ha traído consigo brotes de encono social e incertidumbre ante una posible pérdida del patrimonio de pobladores, cuyas propiedades están dentro de los polígonos inscritos en la nueva categoría de protección.
Luego de que inició el proceso de transición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), administrador del Centro Integralmente Planeado (CIP) Bahías de Huatulco, cuyos activos pasarán a manos del gobierno del estado de Oaxaca, y una vez que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en febrero pasado la iniciativa de decretar como ANP más de cinco mil hectáreas de territorio antes expropiado para evitar mayor pérdida del patrimonio natural, comuneros de Huatulco “estallaron” ante lo que consideraron un proceso que podría afectar su patrimonio de décadas.
Comuneros, intranquilos por declaratoria
Constituidos en un frente para la defensa de sus tierras y después de acusar al gobierno federal de no tomarlos en cuenta en la nueva categorización del territorio, comuneros y pobladores solicitaron hace unas semanas un pago justo de indemnización por expropiación, pero luego de la publicación del 6 de julio pasado donde se hace la declaratoria de los tres polígonos que serán inscritos como ANP, la intranquilidad se apoderó de quienes se dicen agraviados por un decreto que considera como Áreas Protegidas, zonas con asentamientos humanos, en los que existen casas y zonas de cultivo desde hace décadas.
Aunque el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Huatulco ha acompañado los reclamos de los comuneros de Bajos del Arenal, Bajos de Coyula y Bajos de Cacaluta que exigen una revisión a la declaratoria y el cese de los trabajos técnicos realizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el gobierno municipal encabezado por el edil José Hernández Cárdenas, ha coadyuvado para explicar el sentido del decreto federal orientado a la sustentabilidad, protección de flora y fauna; los comuneros están en un punto de ebullición que ya empezó a cobrar las primeras facturas sociales.
Se “calientan” los ánimos en El Arenal
Es así que el pasado fin de semana, en una reunión informativa sostenida entre comuneros, pobladores, representantes de Bienes Comunales y autoridades municipales, en la comunidad Bajos del Arenal, los ánimos se “calentaron” y el edil José Hernández tuvo que salir del encuentro a empujones y entre gritos de quienes pretendían que firmara y sellara un documento emitido por la comunidad, en el que se plasmaba la rotunda oposición a la declaratoria de ANP.
Aunque el presidente trataba de explicar que el documento tenía que ser revisado primero por su área jurídica y estampó su firma con la condición de que se sometería a un escrutinio legal, un grupo de pobladores estalló y pretendía retenerlo con el propósito de conseguir el sello en el referido oficio. Finalmente, personal de seguridad del edil logró librarlo de lo que pudo convertirse en un enfrentamiento mayor.
En un comunicado, el edil expuso que al término de la asamblea, “un pequeño grupo de no más de 20 personas propiciaron agresiones físicas en mi contra y en contra de mi equipo de trabajo, orillándonos a abandonar el lugar para evitar más confrontaciones”.
Evidencian venta ilegal de terrenos
Agrega que “el grupo de vivales acostumbrados a la corrupción, metidos en la venta ilegal de predios, se resistirán con todo a la propuesta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Para huatulqueños que se han pronunciado sobre el tema, la declaratoria podría detener la fraudulenta práctica de personas que durante años se han dedicado al tráfico de terrenos con una gran valía ambiental y que colindan con diferentes playas que deberían estar protegidas; personas sin escrúpulos que se apropian e invaden terrenos que no les corresponden.
Piden información al gobierno federal
Por su parte, el representante de Bajos del Arenal argumentó que el pueblo está inconforme con la pretendida declaratoria dado que en Bajos del Arenal, hay al menos unas 200 personas afectadas por habitar y contar con solares de siembra en la zona que se incluirá en la nueva categoría natural.
Comuneros consultados resaltan que a los 200 pobladores de Arenal habría que sumar un número igual o mayor de gente que podría ser perjudicada en la comunidad Bajos de Coyula, y refirieron que es urgente la presencia de autoridades del orden federal para que informen las implicaciones reales de la declaratoria.
Según información oficial, son tres los polígonos considerados para ser parte de la declaratoria de ANP: la de Coyula, con 1,934-63-03.03 hectáreas; Copalita, con 1,801-39-97.81 hectáreas, y Arenal, que abarca 2,261-75- 19.69 hectáreas.
