Citlalli López Velázquez
Mamás que luchan contra la violencia económica ejercida por los deudores alimentarios morosos instalaron en la Fuente de las Ocho Regiones un tendedero de denuncia en la que exhibieron a más de cien padres presuntamente “delincuentes”.
A la par, evidenciaron la violencia institucional ejercida por la fiscalía y los juzgados familiares, espacios en los que señalaron se les obstruye la justicia.
“Venimos a denunciar que llevamos años en procesos de demandas alimentarias sin que se atienda al interés superior de las infancias. No esperen más nuestro silencio ni nuestra consideración porque desde el primer día que estos hombres dejaron de cumplir con su obligación alimentaria con las infancias, se convirtieron en delincuentes”, indicaron.
A los rostros de los deudores, que desde junio con el primer tendedero de denuncia fueron colgados, se sumaron nuevos que reflejan nítidamente la doble violencia. Tal es el caso de Sohiter Cruz Vera, cirujano oncólogo quien se niega a reconocer su paternidad y ante el reclamo de la madre de su hija, arremete con amenazas.
“Él dice tener mucho dinero para pagar a la jueza y lo que sea necesario para que deje de molestar. Él ahora esta en un viaje a Las Vegas; sabiendo que tiene solvencia económica no se hace responsable”, denunció.
Retrasos en la Fiscalía
Por otro lado, la Fiscalía, bajo el argumento de no contar con peritos para la realización de la prueba de ADN, lleva dos años retrasándola, aun cuando la denunciante ya pagó para que se lleve a cabo. “No tengo una fecha por parte de la Fiscalía”, expuso.
En su pronunciamiento, en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres, indicaron que en México existen más de 11 millones 400 mil hogares cuyo principal soporte en manutención, cuidado y crianza son las mujeres, “es decir, 11 millones 400 mil padres ausentes”.
A través del movimiento de Deudores Alimentarios Morosos detectaron que hay “delincuentes” que han incurrido en violencia económica hasta con seis parejas con infancias.
Identificaron que sólo el 70% de los casos exhibidos en el tendedero cuentan con una demanda o denuncia, en el resto no hay acciones legales por lo costoso, lento y hasta viciado que suele ser el proceso judicial.
En 70% de los casos -añadieron- las personas que se encargan de ocultar, solapar, proteger y justificar a los deudores son su mamá, papá o hermanos, mismos que se lanzan en ataques contra las denunciantes.
“Estaremos recordándoles de forma directa sus nombres y sus caras, aunque para ellos y sus familias sólo se trate de difundir odio”, culminaron.
