Denuncian sospechosa protección a invasores de Lachigoló | NVI Noticias Pasar al contenido principal
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Denuncian sospechosa protección a invasores de Lachigoló

Redacción

Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) protegen a invasores de terrenos vendidos a particulares en el municipio de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, denunciaron los afectados, en voz de Ana María Anderson Altamirano.

 

Más de 80 afectados

 

 

La denunciante expuso que hay más de 80 afectados que adquirieron legalmente terrenos en diversos parajes de ese municipio, entre ellos La Peona o Piona, y cuentan con escrituras debidamente inscritas ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Tlacolula de Matamoros, pero las tierras han sido invadidas por integrantes de una familia de esa comunidad que se han dedicado a extorsionarlos.

 

 

Ana María Anderson Altamirano indicó que hace 23 años, ella compró un terreno a la profesora Angelina Escobar Gutiérrez, pero posteriormente, en el año 2013, las tierras fueron invadidas por un grupo de personas encabezados por una familia de la comunidad, quienes meten a vivir en los predios invadidos, a gente procedente de Centroamérica y de la Mixteca oaxaqueña, que se hacen pasar por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, sin serlo.

 

 

Despojo agravado

 

 

Por ello, interpuso la denuncia correspondiente y se formó el expediente penal número 117/2014, en el Juzgado Primero de lo Penal con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el delito de despojo agravado en contra de varias personas, entre quienes figuran Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López, Marlene Inés Hernández, Honorina Santiago López, Yesenia Gabriela López López, Félix Cruz López, Fernando Cruz Antonio, Manuel Sánchez López, Miguel Ángel López López, Gema López López y Jesús Mario López López.

 

 

Sin embargo, hasta el momento sólo han sido detenidos Orlando Cruz Saavedra y Honorina Santiago López, mientras los otros nueve indiciados se pasean de manera impune por las calles de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, e incluso en oficinas de gobierno, sin que sean detenidos.

 

 

Aseguró la denunciante que de las dos personas detenidas, Honorina Santiago López ya fue puesta en libertad bajo las reservas de ley, luego de un proceso “amañado”. Su caso se encuentra en revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XIII Circuito, bajo el número 845/2015.

 

 

Dictan auto de libertad

 

 

Por lo que respecta a Orlando Cruz Saavedra, se encuentra con un pie fuera de la cárcel, luego de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de formal prisión de fecha 20 de septiembre de 2015 y dictó auto de libertad con las reservas de ley, refiriéndose a su expediente.

 

 

Cruz Saavedra aún se encuentra en prisión, debido a que está involucrado en causas penales vinculadas a otros expedientes por el delito de despojo agravado.

 

 

La afectada Ana María Anderson Altamirano, sostuvo que la autoridad jurisdiccional ha mostrado parcialidad a favor de los indiciados, en virtud de que los elementos que ha tenido para librar una orden de aprehensión y dictar el auto de formal prisión, con posterioridad, son los mismos que utiliza para dictar auto de libertad, lo que resulta contradictorio dentro del mismo proceso.

 

 

Destacó que en las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales, no valoran de manera exhaustiva las pruebas ofrecidas por la parte ofendida y se incurre en omisión en el deber del juzgador, lo que se traduce en violación a sus derechos humanos y de manera particular a su derecho de propiedad.

 

 

Denuncian omisión de autoridades

 

 

Anderson Altamirano aseguró que cuando solicitó la restitución del inmueble de su propiedad, le negaron su petición formulada conforme a derecho, con el argumento de que el procesado había interpuesto un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado en su contra, cuando la ley así lo ordena y aun cuando en el proceso no haya acreditado la posesión, mucho menos la propiedad de dicho inmueble.

 

 

Expuso que en el caso de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ha habido omisión en el cumplimiento de sus funciones, porque después de los dos casos antes mencionados, no se han ejecutado las demás órdenes de aprehensión en contra de las otras nueve personas involucradas y que se mencionan en su expediente.

 

 

Dicha autoridad, se ha abstenido de ejecutar diversas órdenes de aprehensión en contra de Orlando Cruz Saavedra, aún cuando se encuentra recluido desde hace cuatro meses en el penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca, derivado de expedientes de fachas posteriores al de la denunciante y otros más, en los cuales lo han ido liberando, en forma amañada, en donde se encuentra involucrado por los mismos delitos, esto es, despojo agravado, cometido en perjuicio de otros propietarios que como la exponente, adquirieron sus inmuebles en dicha comunidad, como compradores de buena fe, puesto que la misma familia Saavedra ha vendido terrenos que hoy por hoy despojan.

 

 

Argumentan “protección”

 

 

Acusó que los inculpados, quienes son propietarios de prostíbulos y otros negocios, se mofan pregonando que cuentan con la protección del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jaciel Vásquez Castro y de su cuñado, el comandante estatal de investigaciones de Tlacolula, Rolando Ortiz Cruz, quienes se niegan a ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.

 

 

Dijo que es un hecho público y notorio que los inculpados se pasean con tranquilidad por las calles del municipio de San Francisco Lachigoló, sin que la Agencia Estatal de Investigaciones ejecute las órdenes de aprehensión pendientes.

 

 

La denunciante, Ana Anderson, sostuvo que el grupo de invasores se dicen protegidos también por el Partido Unidad Popular, así como por el gobierno estatal y por las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia, dicho que es creíble, ya que actúan desde hace tiempo con tanta impunidad y que cuando estos hechos delictivos se denuncian, se aportan pruebas fehacientes y además se les captura en flagrancia, con posterioridad, si bien es cierto se les libra orden de aprehensión, se le dan largas al asunto, porque no las ejecutan o simplemente después, se les da auto de libertad, utilizando los mismos argumentos que sirvieron para librar órdenes de aprehensión.

 

 

Piden “acuerdos”

 

 

En días pasados, integrantes de este grupo nos citaron a tres personas que nos están invadiendo, a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno para llegar a “un acuerdo”, lo que resulta sospechoso, puesto que somos muchos los afectados; todas estas personas cuentan con órdenes de aprehensión y acudieron impunemente a dicha reunión, en donde señalaron a los afectados “retiren la demanda y nosotros nos salimos de los terrenos".