Organizaciones civiles de Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías generales de justicia de los estados, erradicar la práctica de la tortura y hacer un fortalecimiento interno para los operadores que investigan y dan seguimiento al enjuiciamiento de casos de este delito.
En su representación, la coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Sara Méndez Morales la actualización del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), presentada el 29 de junio en Ginebra, Suiza, exigir de los operadores del sistema de justicia respuestas efectivas, porque su aplicación resulta obligatoria, según la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGPIST).
Por esto, requirió a la FGR y a las fiscalías generales de justicia de las entidades, el fortalecimiento interno para los operadores encargados de investigar la tortura y que sus investigaciones deben ajustarse a estándares de prontitud, eficacia, exhaustividad e independencia.
“Queremos que en ellas se reconozcan las responsabilidades de los superiores jerárquicos y que no sometan a las víctimas a prácticas revictimizantes”, asentó.
Subrayó que resulta fundamental eliminar el papel indispensable equivocadamente otorgado a la dictaminación médica-psicológica conforme al Protocolo de Estambul.
“Esto indica un desconocimiento del manual. Lo correcto es que las y los fiscales consideren como prueba directa el testimonio de la víctima y datos de prueba circunstanciales”, señaló.
Además, reclamó al Poder Judicial Federal ya los poderes judiciales de los estados cumplir con sus obligaciones jurisdiccionales en la erradicación de la tortura del sistema de justicia penal, entre ellas, la de excluir pruebas ilícitas bajo un estándar indiciario que no debe superar el necesario para dictar un auto de vinculación.
Aparte de esto, demandó eliminar la idea del dictámen médico-psicológico como indispensable y la noción de un peritaje tercero en discordia, porque no corresponde con la obligación internacional de erradicar esta grave violación a los derechos humanos.
“Los jueces, en virtud del principio de inmediación, en cualquier etapa y garantizando la seguridad de la víctima, deben escuchar el testimonio de la víctima”, agregó.
De la misma manera, exigió al gobierno federal visibilizar el fenómeno de la tortura, cuya comisión es generalizada y probadamente sistemática en México, especialmente porque se encuentra pendiente la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el Registro Nacional del Delito de Tortura.
Méndez Morales también reclamó justicia para Salvador Olmos García, activista de Huajuapan de León, torturado y ejecutado por policías municipales y la libertad inmediata de los afromexicanos Honorio Corcuera y Margarito González, por violaciones al debido proceso y estar acreditada la comisión de tortura en su contra.
