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Foto(s): Cortesía

Demandan a gobierno detener intento de despojo en Santiago Astata

Aleyda Ríos Chavela

Octavio Vélez Ascencio

Ante el intento de despojo y venta de terrenos a orilla de la playa en Barra de la Cruz, perteneciente al municipio de Santiago Astata, región del Istmo de Tehuantepec, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría Indígena (Cedaphi) demandó a los gobiernos federal y estatal proteger el medio ambiente y el territorio de esa comunidad chontal.

El presidente de ese organismo, Maurilio Santiago Reyes dijo que en el año 2013, un grupo de personas intentó apoderarse de alrededor de 24 hectáreas en la playa de una extensión aproximada de 24 hectáreas para lotificar y vender a empresarios hoteleros.

Explicó que esas personas ajenas está financiado por integrantes de grupos de poder económico y político de la región de la Costa.

De esta manera, expuso que uno de los habitantes, José Castillo Castro se puso al frente de la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales de la comunidad.

“Se ha opuesto al despojo y ventas de las tierras de Barra de la Cruz y ha defendido los recursos naturales, así como la flora y fauna del lugar”, asentó.

Subrayó que el defensor de la tierra y el territorio ha mantenido una lucha jurídica durante varios años para impedir a los grupos de poder imponer Marcelino Sánchez García e Inocente Barras Robles, como presidentes del Comisariado de Bienes Comunales.

Por esta razón, detalló que Castillo Castro fue atacado con armas de fuego, el 8 de septiembre del 2021, cuando se desplazaba en su vehículo junto con su familia, en el entronque de Guadalupe  Victoria  con la población de Morro Ayuta, San Pedro Huamelula.

Destacó que el defensor de la tierra y el territorio aún se encuentra hospitalizado por su estado de salud grave por los dos disparos de arma de fuego recibidos.

Ante esto, requirió a las administraciones federal y estatal proteger el medio ambiente y el territorio de las comunidades indígenas, así como respetar el Acuerdo de Escazú, para proteger a los defensores del territorio y el medio ambiente.

“El acuerdo, firmado y ratificado por el Estado mexicano, dispone que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio, donde las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas restricciones e inseguridad”, señaló.