Guachochi, Chihuahua.- Después de siglos de abandono,  discriminación, racismo y hasta intentos de exterminio, los pueblos de la Sierra Tarahumara  de Chihuahua hoy tienen atención especial y prioritaria a través del Plan de Justicia que  implementan las dependencias del gobierno de México. 

Uno de los ejes prioritarios del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara es la  justicia territorial, agraria y ambiental, pues esta región ha sido despojada, expresó en  Guachochi, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo  Regino Montes. 

“De cumplirse el proceso de declaratoria de tierras nacionales y lo que ello implica, se les  estarán restituyendo tierras a unas ocho comunidades en la Sierra Tarahumara, a título  comunal”, precisó durante la asamblea plenaria encabezada por autoridades tradicionales. 

Con una ceremonia y ofrenda a la cruz, para bendecir los trabajos en beneficio de los  pueblos, autoridades tradicionales y servidores públicos federales iniciaron la jornada de  trabajo del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, con el apoyo del presidente Andrés  Manuel López Obrador. 

Son los pueblos ralámuli, ódami, oichkama (pima) y warijó, que reúnen a 348 comunidades,  representadas por 75 autoridades indígenas, quienes que hoy se unen en esta lucha de bien  común, expresó Adelfo Regino Montes. 

Recordó que el presidente López Obrador, durante su informe del primero de septiembre,  refirió la importancia de los Planes de Justicia, que comenzaron con la atención al pueblo  yaqui de Sonora el 28 de septiembre del 2021; desde entonces, se han construido 17 de estos  planes en el país. 

“En la Sierra Tarahumara no se configuraron bienes comunales o ejidos indígenas, tal como  sucedió en otras regiones indígenas del país; tenemos que reconocer que es un problema  que no se ha atendido, ni siquiera por las autoridades competentes y por eso es un tema  clave, si se entiende bajo el pensamiento indígena, ya que la tierra, el bosque y el agua, es  para ellos un patrimonio indisoluble.”

El director de Concertación Agraria y Mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario,  Territorial y Urbano (Sedatu), Luis Cruz Nieva, informó que los siguientes pasos para  garantizar certeza jurídica a las comunidades —que no tuvieron un documento legal para  proteger la propiedad de sus tierras— serán atendidos en coordinación con sus autoridades  tradicionales.  

La subcoordinadora de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Instituto  Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Carolina Escobar Neira, recalcó que, aunque se  avanza en el tema del agua, aún faltan compromisos estructurales para mejorar las  condiciones del agua, por lo cual se comprometió a continuar la investigación para hacer  diagnósticos y proponer soluciones acordes con la realidad de los territorios. 

Proyecto piloto

Ante la gobernadora indígena de Guachochi, Hortensia Palma Palma; el capitán general de  Baborigame, Guadalupe y Calvo, Arturo Gutiérrez Soto, y el gobernador de San Antonio en  Yepachi, José Luis Cruz Castellanos, el gobernador de Mogótavo, municipio de Urique, Luis  González Rivas, saludó en lengua ralámuli y dio un reconocimiento y su bendición por los  acuerdos alcanzados. 

En la mesa de salud y medicina tradicional se acordó implementar un Proyecto Piloto de  Capacitación a Promotores Comunitarios de Salud y Alimentación en las comunidades de  difícil acceso y que no cuentan con servicio de salud, para integrarlas a los servicios del  IMSS-Bienestar. 

En la plenaria acordaron que a través del Programa de Derechos Indígenas del INPI, se  buscará desarrollar en el siguiente año un Programa de Capacitación en Derechos  Ambientales dirigido a las comunidades participantes en el Plan de Justicia.  

Del mismo modo, en la mesa de Infraestructura destaca que iniciarán un recorrido por los  caminos rurales solicitados en el marco del Plan de Justicia, para determinar qué caminos  artesanales de concreto hidráulico se pueden construir en el ejercicio fiscal 2024, para que  la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realice la gestión de  los recursos para su construcción.