El pasado 9 de septiembre se cumplieron cuatro años del ataque con ácido contra María Elena Ríos Ortiz. Con una persona prófuga, y una muerta en el penal, el proceso en contra del exdiputado Juan Antonio V. C., así como contra otras dos personas más en prisión, avanza hacia la realización de un juicio oral.
“Se cumplieron cuatro años de resistencia y seguiré de pie hasta llegar a una justa sentencia”, señaló la activista en un recuento compartido a través de sus redes sociales.
A lo largo de este tiempo el caso ha sido conocido por dos gobernadores, tres fiscales, cuatro jueces y tres ministerios públicos. Las actuaciones de algunas de las personas involucradas en el sistema de procuración y administración de justicia se han corrompido a favor de V.C.
Ríos Ortiz citó por ejemplo al juez Víctor Velasco Castellanos de quien afirmó que en distintas ocasiones le violentó sus derechos humanos, además de haber estado vinculado de manera laboral con Carla Pratt, ex abogada de sus agresores.
También citó las maniobras del juez Teódulo Pacheco quien intentó favorecer a Juan Antonio V.C para que siguiera el proceso en libertad. El juez fue impuesto para sustituir a Alfredo Bautista a quien Ríos Ortiz señaló como una persona apegada a la ley.
En lo que respecta a la procuración de justicia acusó al entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez de haber filtrado información importante para que Juan Antonio V. H., hijo del exdiputado, se diera a la fuga.
“Voy con el tercer fiscal y con ninguno he recibido documentos oficiales que me tengan al tanto sobre la búsqueda de Juan Antonio V. H., si es que lo están buscando”, expresó.
De los ministerios públicos Alejandro Moreno Hurtado y Max Fernando Juárez Juárez, señaló que en distintas ocasiones le sugirieron optar por un juicio abreviado y negociar con la defensa de V.C. Además, acusó que le dieron la defensa de su agresor acceso a la bodega de evidencias de donde extrajeron información para atacarla.
Actualmente el caso se encuentra en manos de la ministerio Luz Gabriela Herrera Pacheco a quien consideró en riesgo debido a su actuar apegado a la ley. “A quien no le conviene su actuar legítimo es a V.C".
En lo que respecta al proceder del secretario de seguridad ciudadana, Ricardo García Berdeja dijo que éste también filtró información que impidió la detención de Juan Antonio V. H.
Sobre su salud compartió que ha pasado por tres injertos de piel, dos de estos fallidos, entre otros muchos procedimientos que buscan mejorar su cuerpo y rostro heridos por el ácido.
"Al igual que yo todas las mujeres tenemos derecho de curar las heridas que nos provocaron, de volver a soñar, a reír, crear nuevos proyectos y eso jamás hará menos feminicida a quien nos quiso matar de una manera tan cobarde”.
El intento de feminicidio ocurrió el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León. Eran alrededor de las 10:00 horas cuando un sujeto le lanzó ácido sulfúrico. El 80 por ciento de su cuerpo resultó herido.
Por estos hechos fueron imputados como autores intelectuales Juan Antonio V. C., Rubén L. C. y Juan Antonio V. H., los dos primeros en prisión preventiva y el último prófugo. Como autores materiales fueron señalados Rubicel H. R. y Ponciano H., éste último fallecido en el penal por deterioro a su salud. Por algún tiempo recibió alimentos de una de las hijas de Juan Antonio V.C.
Debido al riesgo a su vida María Elena Ríos es beneficiaria del mecanismo de seguridad de personas periodistas y defensoras de derechos humanos activado en la Ciudad de México en donde ella se encuentra desplazada.
“Cada día lucharé también por dejar de ser Elena Ríos la saxofonista que agrediste con ácido y volveré algún día a ser Malena como lo fui antes de que intentaras matarme. Lograré tener para ti un único hogar y el que te mereces: la cárcel”.
