El Congreso del estado cuenta ya con un dictamen para crear la Ley Contra Ejecuciones Extrajudiciales, que se prevé sancione la privación arbitraria de la vida a una o más personas por parte de agentes del Estado; sin embargo, no tendrá efectos retroactivos y, por lo tanto, dejará impune los crímenes de policías municipales, estatales y federales e integrantes de las caravanas de la muerte del movimiento social del 2006 y la represión del 19 de junio del 2016 en Nochixtlán.
El consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero comentó que ha tenido pláticas con diversas organizaciones sociales interesadas en el tema, sobre todo porque no se pueden olvidar los lamentables hechos del 2006 y Nochixtlán en los que hubo muchas víctimas de malos gobiernos represores y autoritarios que violentaron derechos humanos.
“Hoy en la cuarta transformación se tiene otra visión de gobierno, desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asume el poder se ha visto de una manera diametral la transformación en la forma en que se conduce el Estado y el respeto a los derechos humanos, que es lo que ha planteado la Red de Víctimas y platicamos con ellos porque consideran importante la participación del Ejecutivo, toda vez que dentro del proceso legislativo se interviene en la sanción, promulgación y publicación de la norma”.
Explicó que dialogaron concretamente sobre la tipificación del delito de ejecución extrajudicial, por la preocupación de la fiscalía y cuerpos policiales, toda vez no se puede generalizar la conducta delictiva y su sanción, como se pretendía, al señalar que cometía el ilícito cualquier integrante de las fuerzas de seguridad pública estatal o municipal que privara de la vida a una persona, pero por ejemplo qué pasa si un elemento de seguridad del estado priva a alguien de la vida en un accidente de tránsito, el caso podría juzgarse como ejecución extrajudicial por la redacción en la tipificación del delito, aunque esto no sea exacto, ni preciso.
“Agradecemos al Congreso el haber podido también dialogar con las organizaciones y avanzar en la configuración del tipo penal, para evitar actos de dolo e injusticia, con situaciones específicas como que el elemento del estado este en ejercicio de su cargo, que haya actuado arbitrariamente, que haya actúan con exceso de fuerza al cometer el delito, para no dejarlo abierto y la norma cumpla con su objetivo”.
Añadió que además se revisó la participación de particulares y se convino en sancionar actuaciones como las de las denominadas caravanas de la muerte, donde particulares al mando de servidores públicos privaron de la vida a ciudadanos.
Vásquez Sagrero recordó, sin embargo, que de acuerdo al artículo 14 constitucional ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo que de aprobarse esta ley en el Congreso sería aplicable en hechos que se cometan después de haber sido publicada en el Periódico Oficial del estadi y no tendría aplicación para los hechos del 2006 o los acaecidos en Nochixtlán en el 2016.
“Pero se considera que es parte de ir tomando la agenda también en materia de derechos humanos y este gobierno como tal recibió la instrucción por parte del gobernador de seguir platicando, avanzar, pero ya está en manos de la comisión correspondiente poder emitir el dictamen y nosotros solamente como parte técnica y del Poder Ejecutivo estaremos atentos a la redacción final que se pueda dar”.
