En el Foro Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, las comunidades indígenas, campesinas y conurbadas determinaron fortalecer estrategias de resistencia, promover la gestión sostenible de los bienes naturales y defender sus derechos territoriales frente al gobierno y las empresas privadas.
De acuerdo con el pronunciamiento del encuentro, celebrado en Santa María Atzompa, los representantes de 70 comunidades agrarias y 20 organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos participantes, sostuvieron que actualmente continua una política de saqueo y guerra de exterminio en contra de los pueblos y comunidades originarias, sus formas de vida y organización, con el propósito de borrar el legado histórico de sus luchas para mantener a la tierra como una propiedad colectiva y comunitaria.
Por eso, denunciaron que la defensa del territorio en Oaxaca se ha convertido en una lucha histórica y constante para las comunidades indígenas y campesinas, quienes se resisten a la privatización y la explotación de los bienes naturales y culturales.
De esta manera, expusieron que han construido movimientos de resistencia y organización en busca de defender y proteger sus tierras, sus bienes naturales, sus territorios y preservar su forma de vida tradicional.
Ante esto, hicieron un llamado a construir movimientos sociales desde la diversidad para enfrentar de manera conjunta las políticas neoliberales y neocoloniales.
Además, convocaron urgentemente a fortalecer sus asambleas agrarias y comunitarias como máximas instancias de toma de decisiones, así como de sus organizaciones y colectivos para intensificar un proceso de articulación y construcción de alianzas, espacios y redes autónomas e independientes para una defensa efectiva de sus territorios.
Aparte de esto, pidieron reforzar las estrategias jurídicas que permitan defender sus territorios contra los intentos de privatización, saqueo y expropiación, así como contra los engaños de las instancias agrarias oficiales y corruptas.
Del mismo modo, requirieron implementar amplias campañas de información y difusión sobre la importancia vital de la propiedad social y colectiva, utilizando todas las herramientas de comunicación a disposición de los pueblos, tanto a ras de piso como de tecnologías actuales.
Así también, emplazaron a acordar en sus asambleas y levantar actas para declarar a sus territorios libres de megaproyectos y políticas extractivistas.
Por último, ofrecieron su solidaridad con todas las luchas y resistencias en defensa de los territorios, así como demandaron la revocación de la sentencia en contra de David Hernández Salazar, agente municipal comunitario de Puente Madera, San Blas Atempa.
