Citlalli López Velázquez
Las ofertas de ayuda ciudadana para que Maricarmen y Leo, madre e hijo, puedan continuar juntos, comenzaron a fluir. La población ha ofrecido desde ropa, muebles y láminas, hasta ayuda legal para evitar que ella pierda la guardia y custodia a falta de una vivienda digna y a manos de un padre que abandonó al niño cuando era bebé.
Maricarmen Dávila Ramírez, de 34 años, es madre de Leo, un niño de 8 años, de una bebé de 1 año y otra recién nacida. Ella y sus hijos habitan en San Agustín Etla, en una casa construida de carrizo, lámina, cartón, plásticos y materiales que encontró en la basura.
La joven madre relató que el padre se fue de la casa cuando su hijo Leo tenía 3 años y ella interpuso una demanda por abandono de hogar en San Pablo Huitzo.
Un par de meses después, el padre de Leo regresó a casa sólo para llevarse todos los muebles y la ropa; después interpuso una demanda de divorcio en los juzgados familiares.
Tras ser llamado a la audiencia, el señor se retractó al enterarse que tendría que pagar pensión alimenticia. Abandonó el proceso y nunca aportó dinero para la manutención de Leo. Hace un año inició un procedimiento para pedir la guardia y custodia del menor. Leo no quiere vivir con su papá, pero podría ser entregado a él porque la madre no tiene una vivienda digna.
A través de redes sociales y llamadas telefónicas la ciudadanía mostró su solidaridad.
“Yo quiero ayudar porque entiendo la desesperación que ha de estar pasando y porque estoy casi segura que las autoridades no harán nada. A las mujeres se nos criminaliza por todo, hasta por ser pobres, pero nadie, ninguna autoridad tiende la mano para ayudar, sólo para pedir”, expresó doña Rosita, quien ofreció donar un mueble para la casa de Maricarmen.
Según el informe “La desigualdad mata”, de Oxfam, tras los primeros dos años de la pandemia por COVID-19, la desigualdad y la pobreza de las mujeres se profundizó y actualmente 252 hombres tienen más riqueza que las mil millones de mujeres y niñas que habitan África y América Latina y el Caribe juntas.
El organismo sostiene que las políticas gubernamentales que facilitan deliberadamente la acumulación de riqueza a expensas directas de las condiciones de vida, de trabajo dignas y del acceso a los servicios públicos, acortan la esperanza de vida e impactan, en particular, los derechos de las mujeres.
