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Cártel del Despojo en Oaxaca: FGR y FGEO, detrás de registros públicos

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca han solicitado información sobre los protocolos, -libros y apéndices-, de notarios, así como registros del Instituto de Función Registral, el Registro Civil y el Instituto Catastral en las investigaciones que realizan del denominado Cártel del Despojo, informó el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.

Aseguró que el anterior fiscal, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, fue omiso para investigar los hechos relacionados con el Cártel del Despojo.

Dijo que estas investigaciones se llevan a cabo por las denuncias que han interpuesto ciudadanos oaxaqueños, que de repente vieron como sus propiedades cambiaban de dueño, sin que hubiesen realizado actos traslativos de dominio, es decir sin que ellos vendieran sus bienes.

También, describió la forma gansteril de operar de algunos servidores públicos que dirigían estas dependencias oficiales.

“Algunos funcionarios, con el apoyo de fedatarios públicos, detectaban algún bien inmueble, casa o terreno, abandonado o propiedad de un adulto mayor y acudían ante un fedatario público, comúnmente familiar del mismo funcionario, para simular un acto traslativo de dominio y este documento pasaba al Instituto Catastral para cambiar las cuentas catastrales”.

Añadió que una vez que hacían esto, lo enviaban al Instituto de la Función Registral para hacer el registro correspondiente de la escritura pública y, con ello, obtenían una escritura registrada.

Lo atípico de esto es que el trámite catastral tarda poco más de 15 días en realizarse y en estos casos se hacía en un solo día; y en el Instituto de la Función Registral que tardaba entre dos o tres mes en realizar el trámite, aquí se hacía en dos días.

Por lo tanto, en menos de una semana se concluía todo.

Abren todos los archivos

Aseveró que además se modificaban las bases de datos de la función registral, sin respaldo, y tampoco se tenía el soporte documental, lo que provocaba que no hubiera documentos originales sobre los cuales se pudieran desahogar pruebas periciales para señalar cuáles eran las firmas dubitables o indubitables, es decir sobre que firma se había realizado un acto traslativo de dominio, sobre la que se desahogara alguna diligencia probatoria a través del perito correspondiente, lo que significa una obstrucción para la investigación de los delitos, “permitida también por el anterior fiscal”.

Vásquez Sagrero manifestó que ante las solicitudes que les han hecho las fiscalías federal y estatal, han abierto todos los archivos.

“Si llegan y nos piden una firma indubitable de algún servidor público o fedatario se las ponemos a disposición en el Departamento de Legalizaciones y Apostilla de Firmas; también hemos abierto los archivos de la Dirección de Notarías donde se nos piden información sobre libros y protocolos, también hemos abierto los archivos del Registro Civil por las denuncias que hay sobre usurpaciones de identidad que era un trámite recurrente para poder quedarse con los bienes de los oaxaqueños”.

Expresó que la Dirección de Notarias tiene toda la facultad para requerirle a los notarios los protocolos, que son propiedad del Estado, no de los notarios; así que si la Dirección de Notarias le requiere al notario el protocolo, es decir el libro y el apéndice, no puede negarse o ampararse, salvo que quiera ser sometido a procedimientos o la suspensión del fiat.

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