Litigio Estratégico Indígena promovió un juicio de amparo para obligar al Congreso del Estado a tipificar como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad de razas o en el odio racial.
La vicepresidenta de la organización, Mariana Yáñez Unda afirmó que en las redes sociales circulan todos los días discursos de odio como parte de la cotidianidad en contra de las mujeres, de los indígenas y de los grupos de la diversidad sexual.
Sostuvo que el discurso de odio y las expresiones para promover o justifican el odio por motivos racistas, xenófobos, de género, de orientación sexual, están más vigentes.
Expuso que la SCJN ha reconocido al discurso de odio como un límite a la libertad de expresión, pero a pesar de su gravedad no están considerado como delito.
“No hay respuestas punitivas contra los discursos de odio”, remarcó.
Explicó que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez suscribió en 1975 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y así México, se obligó a tipificar como delitos toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, así como todo acto de violencia o la incitación a cometer violencia contra personas de cualquier raza o grupo de personas, incluida la financiación de ese tipo de conductas.
Subrayó que el Congreso del Estado no ha tipificado como delitos los discursos de odio después de 49 años de la firma de ese instrumento internacional.
Destacó que Litigio Estratégico Indígena interpuso el juicio de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado para obligar al Congreso local a tipificar como delito la difusión de ideas basadas en odio racial.
Precisó que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado solicitará los informes al Congreso del Estado sobre la omisión legislativa y en su momento, incorporar los discursos de odio como delito en el Código Penal.
Dijo que la promoción de estos amparos contra las omisiones legislativas tiene como propósito mejorar el diseño normativo en Oaxaca.
“Es necesario que el Congreso del Estado en su tarea de legislar no se guíe por ocurrencias, sino por mandatos constitucionales y convencionales, como acontece en este caso”, terminó.
