La asociación civil Justicia Accesible recientemente firmó un convenio de colaboración con la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad (PCD).
Con este convenio, se busca que se vinculen los servicios de interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, esto a través de implementar capacitaciones, estrategias de seguimiento y acompañamiento jurídico.
La estrategia es que a través de asociaciones de personas sordas, se presten este servicio de manera presencial o a distancia y de esta manera brindar acompañamiento jurídico a este sector de la población.
Durante la actividad realizada por asociaciones de personas sordas en el estado por el Día Nacional de las Personas Sordas, que se realizó el pasado 2 de diciembre, se expusieron diversas necesidades que se buscan en el marco jurídico como el garantizar intérpretes reconocidos por la Comunidad Sorda, el profesionalismo y confidencialidad, además de que se respete la toma de decisiones de las Personas Sordas.
En la firma del convenio, el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo que desde el órgano procurador de justicia se asume el compromiso de hacer que los procesos de justicia sean accesibles, priorizando la apertura de espacios de diálogo con las personas con discapacidad para detectar los cambios requeridos para garantizar su acceso a la justicia.
La asociación civil Justicia Accesible subrayó que las y los integrantes están comprometidos y comprometidas a contribuir con la eliminación de las barreras que limitan o restringen el ejercicio de los derechos de la Comunidad Sorda.
La titular de la CADH, Flor Estela Morales, detalló que esta firma de convenio forma parte de la iniciativa Pacto por la Inclusión para garantizar que el personal de primer contacto, cuente con perspectiva de discapacidad.
El Pacto por la inclusión es una iniciativa que alienta y compromete a las instituciones a garantizar que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos humanos, particularmente en lo que se refiere al derecho al acceso a la justicia y el derecho a la información.
