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Avanza lucha de mujeres indígenas contra la violencia política

Citlalli López Velázquez

Un atentado estuvo a punto de truncar la carrera política de la defensora mazateca Elisa Zepeda. A mediados de 2014, cuando buscaba contender por la presidencia municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, su familia fue emboscada en las inmediaciones de su domicilio. Su hermano fue asesinado a balazos y su madre recibió tantos golpes que perdió un ojo. Ella la libró aunque se llevó una andanada de agresiones.

“La participación de las mujeres en este ámbito es indispensable para cambiar el destino al que nos ha obligado el sistema patriarcal”, explica Zepeda en entrevista. Años después de aquel episodio de violencia, de 2017 a 2018, la luchadora social logró desempeñarse como alcaldesa de su localidad.  

Su tesón la llevó a convertirse en diputada local, desde donde logró que se tipificara como delito la violencia política en razón de género. Las nuevas leyes impulsadas por sus compañeros de legislatura que recién concluyó restringen candidaturas a personas sancionadas por estos hechos y establece la paridad de género en las presidencias municipales.

“Cada vez vamos liberando el camino de obstáculos. No es fácil, pero la suma de más mujeres en el ámbito político va a garantizar que en un plazo, espero no sea largo, se pueda hacer política con mayor libertad”, comenta Zepeda.

Las campañas de desprestigio, pintas en paredes con difamaciones, los mensajes anónimos en los medios locales y las agresiones verbales y físicas son otras manifestaciones de la violencia política en razón de género que ha vivido. 

“Al pasar por la calle del entonces asesor municipal me arrojaban botellas de vidrio, piedras, me paraban para intentar bajarme del carro. La violencia fue aumentando. Empecé a tener que ir al Ministerio Público a interponer denuncias que jamás prosperaron. Ellos mismos me decían que eso me pasaba por meterme en actividades que eran de hombres, que mejor desistiera”, relata.

Zepeda sostiene que la lucha contra la violencia política ha sido colectiva, pues ella no podría enfrentarla de manera individual. “En la experiencia personal definitivamente lo que me ha hecho resistir es el acompañamiento de otras mujeres por la defensa de los derechos políticos que, al igual que yo, estamos convencidas de que tenemos que estar en los espacios de manera paritaria”, explica la también representante de la Red de Mujeres Indígenas en Cargos Municipales y fundadora de la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas.

De diciembre de 2020 al 16 de noviembre de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha iniciado 139 carpetas de investigación por el delito de violencia política, según una ficha técnica de este organismo. En 124 carpetas de investigación las víctimas son mujeres, en 11 son hombres y en 4 carpetas ambos.

Zaira Hipólito López y Rosita Aguilar

Uno de los grandes desafíos de la violencia política es que muchas veces no la identificamos”, señala en entrevista Zaira Hipólito López, zapoteca xidza y primera consejera indígena en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Ella es originaria de Tanetze de Zaragoza. Se ha desempeñado en la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca y, desde la sociedad civil, promueve los derechos lingüísticos y culturales. 

Luego de hacer su tesis de maestría sobre las mujeres indígenas presidentas municipales en sistemas normativos indígenas, decidió participar en la convocatoria para integrar el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el 30 de septiembre de 2020 rindió protesta como consejera electoral. No ha quedado a salvo de la violencia política en razón de género. 

“Me han alzado la voz con suma facilidad, hay quien ha cuestionado mi competencia y experiencia en el área electoral y eso por supuesto es sancionable y denunciable. Pero una de las cosas importantes es identificar el maltrato y dar el siguiente paso, poner en su justa dimensión que estas actitudes son violentas y proceder con ello”, menciona en entrevista.

La consejera impulsó un lineamiento interno con perspectiva intercultural para evitar el acoso y hostigamiento contra las mujeres, que busca prevenir la inhibición de la participación en estas áreas. Asimismo, incidió en el establecimiento de un espacio exclusivo dentro de los consejos distritales para personas que hablen alguna lengua indígena. 

“Es impresionante cómo la gente comienza a colocar eso en el espacio público. Asumirte indígena, afromexicana o que hablas una lengua originaria no es una práctica que siempre haya sido reconocida por el Estado, son pequeñas acciones que sí cambian”.

“La fortaleza fue la valentía de las mujeres, no tuvimos miedo. Nos pusieron muchos obstáculos, pero seguíamos de frente con convicción y visión para el pueblo”, afirma en entrevista Rosita Aguilar Antonio, mujer zapoteca que en 2016 fue la primera alcaldesa independiente en México, al frente del municipio de Reforma de Pineda.

Aguilar Antonio es una de las fundadoras de Las Sufragistas Oaxaca, así como integrante del Colectivo 50+1. “Algunos hombres nos decían ‘cómo es posible que estas viejas quieran mandarnos’, pero nuestras mujeres, nuestra raza zapoteca fue clave. Viví amenazas de muerte. Yo no soy miedosa, pero mi familia sí estaba muy preocupada. De manera pública tomaba el micrófono y empezaba a hablar de todo lo que habían saqueado al pueblo”, recuerda.  

Hacia la erradicación de la violencia política 

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, señala que los estudios realizados por esta agencia indican que la violencia política se presenta de manera muy diversa si se trata de una candidata que busca un espacio a nivel municipal o federal, si es de un entorno rural o no. Otro elemento que destaca es que los partidos políticos siguen siendo uno de los principales obstáculos porque no las apoyan económicamente o en términos institucionales.  

En este sentido, Sanz Luque establece cinco dimensiones necesarias en la erradicación de la violencia política en razón de género. La primera es contar con un marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres robusto y sólido; la segunda es la implementación de medidas específicas afirmativas para hacer realidad lo administrativo.

La tercera dimensión es que los partidos políticos asuman su responsabilidad en el cumplimiento de normas estándares, además de una transformación institucional en la que no se reproduzca el patriarcado. Una cuarta es el acompañamiento de las mujeres en la política para formarse en la gestión pública. Y, finalmente, trabajar en la transformación de los estereotipos sociales que han llevado a pensar que ellas no están preparadas para la política.

“La política es para todas y todos, un país con paridad es mucho más sano en su democracia y próspero para su sociedad”, expresa.

En esto coincide Liliana Vianey Vargas Vázquez, investigadora oaxaqueña mixe e integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica en México, quien explica que al ser multifactorial la violencia política en razón de género, los marcos normativos no son suficientes para su erradicación.  

“Frente a ello, los marcos normativos y herramientas legales no son los únicos para poder erradicarla, es un trabajo de largo alcance, cultural y que involucra a todas y todos”, comenta. 

La especialista señala que las instituciones han dejado de lado el enfoque intercultural, lo que está propiciando violencia política contra las mujeres de las comunidades indígenas y afromexicanas.