La 65 legislatura del estado aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforman el primer párrafo de la fracción VI del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios mínimos, que garantiza que nunca estén por debajo de la inflación.
En el dictamen aprobado, se establece que los legisladores locales coinciden en establecer un salario mínimo especial para ciertos trabajadores del sector público, como maestros del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeras, el cual no podrá ser inferior al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, se fija un monto inicial de 16 mil 777 pesos con 68 centavos, equivalente al salario promedio del IMSS actualizado a la inflación del 2023.
“Estos trabajadores desempeñan roles fundamentales para el bienestar social, la seguridad, la salud y la educación de la población de México. Asegurarles un salario digno y competitivo es una forma de reconocer la trascendencia de sus funciones y su contribución directa al desarrollo y estabilidad del país”.
En sesión extraordinaria del Cuarto Periodo Extraordinario, la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, diputada Liz Hernández Matus, dijo que la política de salarios mínimos impulsada por el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha contribuido a dignificar el salario mínimo, así como garantizar un piso de bienestar mínimo para las familias de las y los trabajadores que menos ganan.
Destacó que a la fecha el salario mínimo real ha aumentado 110.18 por ciento y agregó que salarios adecuados a trabajadores del sector público, el cual no podrá ser inferior al salario promedio registrado en el IMSS, no solo elevarán la calidad de vida y su derecho a la felicidad y bienestar, sino que se dará un paso firme hacia la cultura de la transparencia, ética y eficiencia de las instituciones públicas, debilitando las redes de corrupción y promoviendo el buen gobierno.
Aseveró que la reforma es socialmente justa, porque fortalece la capacidad del salario mínimo para adaptarse a los cambios económicos y también reconoce la importancia de los sectores esenciales en la economía, garantizando su protección salarial a nivel constitucional; es económicamente viable porque no existen crisis generadas bajo el contexto del constitucionalismo, está en consonancia con los tratados internacionales en materia de derecho a un salario digno, por eso la fijación de un salario mínimo que se ajuste automáticamente con la inflación es una medida lógica, necesaria y coherente en este propósito.
“En conclusión, no se trata solamente de una reforma, se trata de eliminar las asimetrías, mitigar las diferencias, ver al salario mínimo como una herramienta de combate a la pobreza, recuperar su esencia como base del desarrollo social y económico de las personas, con una garantía además humana que permite el acceso y disfrute de los demás derechos humanos”.
