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Al menos el 15% de la población oaxaqueña ha sido víctima de soborno

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

De 2017 a 2022, en Oaxaca aumentó la prevalencia de corrupción experimentada por los ciudadanos de 18 años y más, al pasar del 11.2 por ciento a 14.8 por ciento, de acuerdo a las estadísticas a propósito del Día Internacional Contra la Corrupción 2022, que se celebra el 9 de diciembre, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo al documento, en el 2017 la prevalencia de corrupción en la entidad alcanzó el 11.2 por ciento, en 2019 se disparó al 15.9 por ciento y en el 2021 descendió a 14.8 por ciento.

Señala que, en 2021, la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios se observó en Quintana Roo, con 20.4 por ciento de la población afectada; siguieron Puebla, Baja California, Durango y estado de México que presentaron prevalencias superiores a 17 por ciento.

Por el contrario, la menor prevalencia se encontró en Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, donde menos de 9 por ciento de la población que solicitó algún trámite o servicio público fue víctima de corrupción.

En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay corrupción, 65.0 por ciento de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública la experimentó.

Estas interacciones fueron las de mayor nivel de corrupción, seguidas de los trámites ante el Ministerio Público, 24 por ciento, y la gestión de permisos relacionados con la propiedad, 22.3 por ciento.

Sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, a nivel nacional, el costo promedio fue de 3 mil 44 pesos por persona en términos reales.

Destaca que todos los datos muestran que, a pesar del descenso observado durante 2021 en la prevalencia y en los costos promedio de corrupción -tanto en el caso de las personas víctimas como de las empresas-, los niveles de corrupción se mantienen altos en algunas entidades del país.

Además, aún se trata de los principales problemas que la población percibe en su entidad federativa.

En las administraciones públicas estatales y municipales, existe el desafío de capacitar de manera continua a su personal para evitar las prácticas corruptas durante el ejercicio de la función pública.

Más del 14% de la población ha sido víctima de soborno

Nadia Altamirano Díaz

Por manejar con una licencia vencida y dar una vuelta prohíbada le representó a Jesús una multa superior a los 2 mil pesos, pero el policía vial que lo detuvo le pidió 500 pesos para no levantar ambas infracciones de tránsito.

“Le expliqué que no llevaba efectivo, pero insistió que era mejor “mocharme” y hasta me acompañó al cajero con instrucciones precisas para disimular que le entregaba el dinero”, recuerda Jesús, un hombre de 44 años que considera que la corrupción existe porque así como hay quien pide u ofrece dinero, hay otra persona que acepta, muchas veces para ahorrarse tiempo.

El 57.1 por ciento de la población mexicana consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, sólo por debajo del problema de inseguridad pública.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 señala que en Oaxaca 14.9 por ciento de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos.

En comparación con 2020 en que la percepción de corrupción fue del 15.9 por ciento, en 2021 disminuyó, pero ni un uno por ciento, sin embargo en comparación con el 12.4 por ciento que se reportaba en 2013, aumentó 2.4 por ciento.

Quintana Roo con una prevalencia de 20.4 por ciento, Puebla con 19.6 por ciento y Baja California con 19.4 por ciento son las tres entidades con el mayor porcentaje de población mayor de 18 años que experimentó algún acto de corrupción.

En 2003 la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, documento que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

Para crear conciencia contra esta problemática, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

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