Integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad alertaron que el fiscal del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, estaría incurriendo en ejercicio ilícito del servicio público por ostentar doble cargo.
Y es que indicaron que aún cuando el pasado 7 de febrero la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado emitió dictamen con propuesta de aceptación de la renuncia de Rodríguez Alamilla como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el dictamen no fue sometido a votación del pleno.
Este hecho podría constituir el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público conforme a lo dispuestos en el artículo 207 fracción III del Código Penal del Estado de Oaxaca, advirtieron.
Explicaron que el artículo 114, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece en relación con el artículo 12 de la Ley orgánica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que Bernardo Rodríguez Alamilla, como aun titular de la DDHPO, no puede desempeñar otro cargo público a excepción de la docencia y la investigación.
Por lo anterior estaría incurriendo en el delito de ejercicio ilícito de Servicio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 207, fracción III del Código Penal del Estado de Oaxaca.
En éste se establece que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que “Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública Estatal y/o Municipal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado y/o Municipios, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso Estatal y/o Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
Así a través de un comunicado condenaron la designación del titular de la FGEO en el Congreso del Estado pues señalaron que “es indignante que se altere el proceso con la probable comisión de un delito al ostentar Bernardo Rodríguez Alamilla doble cargo público”.
