CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública inhabilitó ayer a una constructora de Puebla que en 2014 ganó al menos cinco contratos para carreteras federales mediante documentos falsos.
Se trata de la empresa Administradora de Capitales de México, que fue inhabilitada un año para recibir contratos públicos, como resultado de uno de los varios procedimientos sancionadores que la SFP tiene abiertos en su contra.
Hace dos años, la firma ganó cinco contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla, Jalisco, Oaxaca y Guerrero que sumaron 428 millones de pesos, destacando entre ellos el de 271 millones de pesos para modernizar el Periférico Ecológico de Puebla.
Investigaciones posteriores revelaron que la empresa falsificó supuestos contratos previos con cinco Centros SCT para acreditar su experiencia y ganar una obra de 86 millones de pesos en Jalisco, una ampliación de la carretera León-Aguascalientes, y otra de 16 millones de pesos para reconstruir un camino rural en Oaxaca.
La sanción publicada ayer es la segunda contra Administradora de Capitales de México, que en 2015 fue inhabilitada por seis meses, y está pendiente por lo menos un procedimiento adicional, además de que la SCT y la Auditoría Superior de la Federación investigan a los funcionarios involucrados.
Carlos Vega Cajica, abogado poblano, es el representante de la empresa que en el concurso para el Periférico Ecológico de Puebla venció a constructoras como Tradeco, Prodemex, Jaguar y Grupo Hycsa.
Reforma publicó el 4 de septiembre que otra empresa de Puebla, Constructpue, también falsificó documentos en 2014 para obtener contratos de la SCT que sumaron 976 millones de pesos, por lo que la SFP también desahoga procedimientos para sancionarla.
El pasado 19 de septiembre, Constructpue promovió una demanda de amparo para reclamar a la SFP procedimientos para aplicar cualquier tipo de sanción, mismo que fue admitido a trámite el 30 de septiembre por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa.
Aunque el amparo fue admitido, Constructpue no solicitó una suspensión, por lo que es inminente la aplicación de sanciones por parte de la SFP.
Esta empresa, representada por Pascual Arellano Ortiz, ha iniciado múltiples litigios en varios estados del País para impugnar las rescisiones de contratos determinados por la SCT, que pagó anticipos millonarios por las obras.
