La 65 legislatura exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que instruya a la Dirección de Notarías y Archivo General de Notarias del Estado que investigue la actuación u omisión de los titulares de las notarías que realizaron actos graves que pudieran motivar la suspensión, separación e inhabilitación y que tengan integradas averiguaciones previas o carpetas de investigación derivadas del ejercicio de sus funciones y que presuntamente estén coludidos con otros funcionarios públicos.
La proposición aprobada como de urgente y obvia resolución, señala que en su comparecencia del pasado 30 de agosto del año en curso, el fiscal general Arturo de Jesús Peimbert Calvo dijo que el despojo de inmuebles se presenta no solo en la capital del estado, sino en diversas ciudades del estado.
“En esta forma de delinquir encontramos funcionarios públicos, abogados, corredores públicos, autoridades comunales y ejidales, autoridades registrales, autoridades municipales y en ocasiones el propio crimen organizado; su modo operandi incluye extorsión, amenazas, suplantación de personalidad y conformes se hacen las investigaciones muy posiblemente también homicidios”.
Añade que por lo anterior y derivado de las múltiples notas que se difunden en diferentes medios de comunicación sobre las actividades del denominado Cártel del Despojo, resulta urgente se tomen las medidas preventivas que eviten mayores riesgos contra los bienes y propiedades de la sociedad oaxaqueña; y las conductas a realizar por quienes intervienen en comisión de los delitos de despojo, usurpación de personas, alteraciones de documentos o asociación delictuosa.
Asegura que en Oaxaca la función notarial se ha visto mermada y opacada por algunos notarios y notarias que están utilizando para beneficio personal las facultades que el estado les ha delegado, para afectar la ciudadanía y despojarles de sus bienes que con mucho sacrificio han formado a lo largo de su vida, dejando desprotegidos a sus hijos y familiares.
