Mineras, refresqueras, cerveceras e industria agrícola estarían al acecho del agua en Oaxaca bajo el riesgo que representa un mal uso de los decretos de reserva de agua publicados el 6 de junio de 2018.
Mario Fernando Ramos Morales y Mario Enrique Fuente Carrasco, investigadores del Instituto de Estudios Ambientales de la Sierra Juárez señalaron que los decretos fueron publicados con base en recomendaciones internacionales para garantizar el agua a futuro, sin embargo, “considerando la cultura política de México”, podrían tener un fin privatizador bajo la figura de concesiones, contratos compartidos o contratos de riesgo.
Actualmente -precisaron- hay cerca de 23 proyectos minieléctricos y una concesión minera que abarca 60 mil hectáreas en la Sierra Juárez y la zona Mixe en donde escurre una gran cantidad de agua. Hacia la Cuenca del Papaloapan y Veracruz, los proyectos estarían encaminados a la explotación del agua en las cerveceras, refresqueras y agricultura industrial.
Otro elementos que hay que tomar en cuenta son las Zonas Económicas Especiales entradas en su segunda fase, que tiene que ver con cuestiones administrativas y fiscales.
“Puede ser que se esté preparando el escenario para echar a andar estos proyectos con el elementos clave que es el agua”, indicó Ramos Morales.
Fuente Carrasco, abundó que en cierto sentido los decretos no están orientados a una privatización directa, pero “tampoco seamos ingenuos de que todas las políticas están fomentadas a una cuestión de derechos humanos o del ambiente”.
Ceder derechos
La muestra más evidente -sostuvo- es la reforma energética impulsada en el 2013 que habla de un patriotismo muy fuerte y que aseguraba que no se privatizaría, pero se establecieron estrategias para poder ceder los derechos a otras entidades.
Dentro de las reformas estructurales -subrayó- hay un asunto clave dejado de lado y que no se puede entender actualmente si no se toma en cuenta el pasado; en los decretos de reforma estructural, tanto el tema de la minera como de energética y el fracking, son consideradas actividades de interés público
“Debemos de estar atentos porque pueden haber rasgos muy delicados por un proceso de entrega de concesiones a megaproyectos que podrían estar utilizando el agua de una manera lucrativa sin que sea un beneficio a la sociedad y sin poder alterar la parte del derecho humano del agua”, dijo Fuente Carrasco.
Ramos Morales, por su parte recordó que el 23 de marzo de 2018 el gobierno federal publicó un decreto en el Periódico Oficial en el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales para dar seguridad jurídica a todos los concesionarios y quienes vieron vencidas sus concesiones hasta el 2004.
Dicho decreto en su artículo segundo -precisó- señala que “para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones al amparo del presente decreto y en caso de que los volúmenes se soliciten se ubiquen en zonas de veda, reservas o reglamentadas, una vez que la Conagua resuelva procedente el otorgamiento de las mismas se harán los títulos para el otorgamiento de las nuevas concesiones”.
