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La Fiscalía General de la República (FGR) va tras el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por delito de delincuencia organizada.
La razón, los señalamientos en contra de ambos, junto a otros actores políticos, dentro del escándalo de corrupción trasnacional de la brasileña Odebrecht.
No es la primera vez que los señalan oficialmente. Pero sí es el delito más grave que hasta ahora les han imputado.
El diario mexicano Milenio dio a conocer el nuevo cargo y precisamente señalan por ese delito los expolíticos podrían alcanzar hasta 60 años de prisión.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente procesado aunque en supuesto arraigo domiciliario por el mismo caso, es quien ha declarado la participación de esos personajes en todo el entramado. Precisamente de eso va la negociación que Lozoya Austin lleva actualmente con la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Con otras de las declaraciones de Lozoya, en mayo pasado el portal Animal Político daba a conocer que un juez federal ya había confirmado que se tenían evidencias para investogar a Peña Nieto y Videgaray por presuntos delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, tras ser señalados de establecer una asociación delictiva que, entre abril de 2013 y agosto de 2014, canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
Qué cambia con el cargo de delincuencia organizada
La ley mexicana cuenta con una propia Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en ella se establece en su Artículo segundo que se van a considerar a miembros de la delincuencia organizada cuando “tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos (considerardos en dicha ley), serán sancionadas por ese solo hecho”.
Y algunas de las actividades delictivas considerados en ese apartado son aquellas referidas en el Código Penal Federal FederalArtículo 400 Bis, que señala que será considerada como responsable de delito “cualquier ciudadano que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.
En mismo sentido se ha expreado la FGR, indicando que los recursos provenientes de la trama corrupta estaban destinados a financiar la campaña con la que Peña Nieto consiguió la silla presidencial mexicana.
También, agrega, para sobornar a lesgiladores de ambas cámaras (diputados y senadores) para que votarán en favor de la entonces Reforma Energética, con la que se benefició la empresa brasileña que da nombre al escándalo.
