Por Gerardo Gutiérrez Candiani
A primera vista, 2026 se ve como un año de baja intensidad política: las elecciones federales intermedias tendrán lugar hasta 2027 y no habrá comicios para renovar gubernaturas. Pero esto es engañoso.
Será un año políticamente intenso como antesala de las cruciales elecciones del siguiente, de entrada, por los procesos internos de los partidos. Sobre todo, debería ser un año de atención y participación ciudadana por dos razones poderosas:
Por la reforma político-electoral que se quiere aprobar este año: por lo que se ha adelantado del proyecto oficialista, ésta no solo puede determinar las elecciones del 2026, en el fondo y en la forma, sino que, a la par, podría ser la culminación de la retracción de la primera experiencia consistente y sostenida de democracia de nuestra historia.
Podríamos ver el nacimiento de un nuevo partido de oposición, como sería Somos México, y renovados esfuerzos desde la sociedad civil para defender al Estado democrático de derecho: por una representación más efectiva y apegada a la pluralidad política del país, en medio de la clara tendencia de centralización y con una oposición tradicional que no ha podido llenar ese vacío.
Para hacernos una idea de por qué 2026 es determinante para nuestra democracia, hay que poner en la balanza los precedentes: desde los comicios federales de 2024, y también los judiciales de 2025, que pintaron un panorama aún más oscuro por el cúmulo de irregularidades y episodios de farsa que vimos.
En 2024, con fallos del Tribunal Electoral de la Federación cuestionables, por decir lo menos (inconstitucionales según muchos juristas), la coalición gobernante consiguió una mayoría calificada artificial en la Cámara de Diputados: con 54% de la votación recibió 73% de las curules, mientras que la oposición, con el 46%, obtuvo solo 27 por ciento. Después, el oficialismo se hizo de la correspondiente súper mayoría en el Senado con la incorporación de legisladores de la oposición, bajo sospechas de extorsión.
Así, el oficialismo impuso reformas que han alterado profundamente la arquitectura del Estado democrático de derecho, en detrimento de la división de poderes. Primero, la judicial, que llevó a la elección popular de juzgadores, como no ocurre a tal nivel en ningún otro país, salvo Bolivia; enseguida, la que privó de su independencia a instituciones autónomas, como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
Las elecciones del Poder Judicial del pasado 1 de junio, en las que solo participó el 13% de la lista nominal y con uno de cada 10 votos válido, fueron un reflejo del retroceso, con candidaturas decididas por procedimientos como tómbolas y, en las votaciones, señales de prácticas que no se veían desde los tiempos previos a la transición democrática.
Lo que se vendió como un avance democrático terminó en un retroceso electoral histórico, según expuso el Informe Elección Judicial 2025, encabezado por el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y el académico Jorge Alberto Medellín. Ahí se señalan, con base en datos del INE, patrones estadísticamente imposibles bajo condiciones de libertad electoral. Miles de casillas en todo el país arrojaron los mismos ganadores, en el mismo orden, para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Resultados que, para analistas, revelan una operación uniforme, coordinada y mecánica, en la cual destacó el uso masivo de “acordeones” o listas para voto inducido.
En 2026 solo habrá elecciones locales en Coahuila, donde se renovará su congreso.
De más trascendencia nacional, tres organizaciones aceleran el paso para cumplir los requisitos para lograr su registro como partidos nacionales y participar en las elecciones de 2027.
Una de ellas difícilmente puede considerarse como oposición: Constituyendo Sociedades de Paz (CSP), tercera edición de lo que fuera el Partido Encuentro Social, la cual ha acompañado al partido en el poder desde su victoria en 2018. Otra, México Tiene Vida, se basa en Nuevo León y, aunque reporta ya más de 180 mil afiliados, ha avanzado mucho menos en sus asambleas.
Como promesa opositora nacional estaría Somos México, que acaba de completar el piso mínimo de asambleas distritales (200 de 300) y suma más de 140 mil afiliados, ante el requisito de 256 mil que necesita completar con plazo al 15 de febrero.
Para cerrar sobre lo que viene en 2026, resulta difícil exagerar sobre la importancia de la reforma electoral, que podría procesarse tan pronto como febrero, dando lugar a cambios bastante preocupantes. Destacan la reducción de costos de las elecciones, incluyendo el financiamiento a los partidos; a la organización de las elecciones; y quizá lo más relevante, la posible eliminación de la figura de los legisladores plurinominales, algo que podría “amarrar” la reversa en el desarrollo democrático de México.
Con esos precedentes, en 2027 se renovará la Cámara de Diputados y, a nivel local, las gubernaturas de 17 estados, poco más de un millar de diputaciones locales y 680 presidencias municipales, con 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Por si fuese poco, estas elecciones concurrentes podrían empatarse con la segunda elección judicial, para algunos cargos federales y la mitad de las magistraturas de circuito y jueces de distrito. Puede ser que estas últimas se lleven a cabo en otra fecha, ante las complejidades organizativas, logísticas y legales. El Legislativo tendrá la última palabra, al igual que sobre la consulta de revocación de mandato.
Como vemos, es un camino tan largo y sinuoso como intenso y determinante hasta las elecciones del 6 de junio de 2027. En este no solo está a prueba el compromiso con la democracia de los políticos –del oficialismo y la oposición– sino de la ciudadanía. Un año para hacernos una pregunta inaplazable y actuar consecuentemente: ¿queremos seguir siendo un país democrático?
