Procesos que enfrenta Murillo Karam

Falta de victorias, siempre envuelta en polémicas, la Fiscalía se juega su maltrecho capital político en un puñado de casos, pocos del perfil y el tamaño simbólico de los que atañen a Murillo Karam. Primer titular de la Fiscalía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo enfrenta dos procesos por tortura y desaparición forzada, entre otros delitos, los dos enmarcados en las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa. Murillo dirigió la primera temporada de las pesquisas, el ataque contra los estudiantes y la desaparición de 43, entre 2014 y 2015. En prisión preventiva desde hace casi un año, los investigadores plantean que el exfiscal tejió en realidad una conspiración para ocultar la verdad.

Documentos en poder de este diario muestran el despliegue de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para llevar a buen puerto el primer proceso. Señalada, regañada durante las primeras audiencias por falta de preparación, la UEILCA trabaja a marchas forzadas de cara a la etapa intermedia, momento de presentar las pruebas al juez y de que este las apruebe antes del juicio. Los fiscales tienen la intención de presentar 69 testigos y más de 100 pruebas, entre informes, oficios, vídeos, mapas y libros de registro. La primera audiencia de la etapa intermedia está fijada para septiembre.

Testigos en el caso

Entre los testigos destacan cinco elementos de la Armada, que participaron en operativos “ilegales”, a juzgar por la UEILCA, porque nunca fueron recogidos en el expediente del caso en tiempos de Murillo. Son importantes también los testimonios de agentes del grupo de Operaciones Especiales de la vieja Fiscalía, que participaron en esos mismos operativos y que constatan la presencia de Murillo en lugares en los que nunca dijo haber estado. Destacan igualmente las declaraciones de funcionarios de la dependencia que dibujan la presunta manipulación de evidencias en uno de los escenarios centrales del caso que presentó Murillo en su tiempo, el río San Juan.

Todos estos testigos se añaden a los que ya presentó la UEILCA en agosto del año pasado, cuando llevaron el caso ante el juez. Los inicios de este primer proceso resultaron algo accidentados. El fiscal general, Alejandro Gertz, forzó a los investigadores a que presentaran el caso al juzgado, dando paso a los deseos de justicia de Palacio Nacional. Los fiscales accedieron en contra de su voluntad, pues consideraban que les faltaba tiempo para acabar de preparar la acusación. La premura de Gertz provocó un desencuentro con el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, que acabó por dimitir semanas más tarde.

Obligada a trabajar a toda velocidad, la UEILCA ofreció una imagen muy pobre frente al juez. Los investigadores prepararon “en horas lo que tenía que haberse armado en un mes”, según explica a este diario una fuente cercana a la investigación. Pese a las prisas, salvaron un primer escollo. El juez a cargo de las audiencias, Marco Antonio Fuerte, procesó a Murillo y lo dejó en prisión preventiva. Murillo ha vivido en la cárcel desde entonces y los fiscales han tenido tiempo de reforzar la acusación. Hace unas semanas, la UEILCA presentó al juez además el segundo caso contra Murillo, este por tortura y desaparición forzada temporal de un presunto integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que habría participado en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

En el primer proceso, los investigadores pretenden demostrar que Murillo inventó una versión de lo ocurrido totalmente falsa, la famosa verdad histórica, relato que señalaba que Guerreros Unidos había matado a los 43 estudiantes desaparecidos en un basurero. Según Murillo, Guerreros Unidos quemó los cuerpos de los 43 en ese mismo basurero, en el municipio de Cocula, cerca de Iguala, lugar del ataque, y luego tiró los restos al cercano río San Juan. La construcción de esta historia se hizo, según los investigadores, a partir del relato de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal, torturados a tal fin.

Los cuatro son Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés y Darío Morales Sánchez. La UEILCA cree que el objetivo de los torturadores no era que los presuntos criminales confesaran el destino de los 43. Los investigadores asumen, en cambio, que Murillo y sus secuaces les torturaron para que se plegaran a un relato que preparaban desde antes, la historia del basurero y del río San Juan. Estos hechos, dice la UEILCA, fueron “concebidos, urdidos e inventados a partir del 6 de octubre de 2014 por Murillo”. La vieja Fiscalía había asumido la investigación el día anterior, apenas semana y media después del ataque y la desaparición de los 43.

Murillo inventó esta historia, según los investigadores, para atajar las protestas sociales, muy intensas durante las primeras semanas tras el ataque. De hecho, la UEILCA señala dos eventos que a su juicio aceleraron los trabajos conspirativos de Murillo y sus subordinados: la multitudinaria marcha del 26 de octubre de 2014, en protesta por la desaparición de los 43, y la reunión que los familiares de los estudiantes mantendrían con Peña Nieto el 29 de octubre. Ante la presión, Murillo y sus subordinados, principalmente Tomás Zerón, jefe de investigadores sobre el terreno, hoy prófugo de la justicia, habrían decidido cerrar el asunto cuanto antes.

Lo que no queda claro en cualquier caso es de dónde salió la verdad histórica. Las evidencias que los investigadores han acumulado muestran que Murillo apuntó al basurero de Cocula al menos desde el 26 de octubre, antes de la detención de los cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos mencionados arriba. Algo ocurrió entre el 5 de octubre, cuando Murillo asumió el caso, y el día 26. Poco se conoce de sus movimientos en la sombra esas semanas. Se sabe que el día 7 hubo una junta de autoridades en Guerrero, a la que acudió Murillo. La pista se pierde hasta el 26. La investigación enfrenta aquí un gran agujero negro.

Tortura

En esta parte de las pesquisas por el caso Ayotzinapa, los fiscales no parecen demasiado preocupados por responder a las preguntas que plantea el párrafo anterior. Lo importante para ellos es probar los delitos de los que se acusa a Murillo, principalmente los de tortura y desaparición forzada, por los que los acusadores piden al juez una condena de 72 años de cárcel. En ambos casos, la tesis de los fiscales está respaldada por los documentos del caso que constan en la causa penal.

Basurero y El Chereje

Mucho se ha hablado estos años del basurero de Cocula. En 2014 y 2015 fue motivo de gran discusión entre el Gobierno de Peña Nieto, por un lado, y las familias y los equipos de investigación independientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que la CIDH comisionó a México para investigar el caso, por otro. Tanto el EAAF como el GIEI concluyeron que el basurero no había albergado un incendio de las características necesarias para reducir a cenizas a los 43. Tampoco a un grupo amplio de estudiantes.

Desaparición forzada

El montaje del río yace en el núcleo de la acusación por desaparición forzada. Los fiscales deben probar que todo lo ocurrido allí entre el 28 y el 29 de octubre de 2014 responde a la conspiración urdida por el exfiscal. Para ello contarán con funcionarios de la coordinación de Servicios Periciales de la vieja Fiscalía, que relatarán cómo Murillo, por boca de Zerón, ordenó que varios especialistas se trasladaran al río San Juan, el 28 de octubre, para preparar el área de cara al operativo oficial, el día siguiente.