Las imágenes de peleas, destrozos y enfrentamientos registrados en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, durante las celebraciones por la victoria de México en la Copa Mundial 2026, no son hechos aislados ni simples excesos de aficionados, sino evidencian la ausencia de una política integral sobre alcohol en México y la mal llamada normalización de su consumo en eventos deportivos.
De acuerdo con un informe de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), las escenas difundidas por diversos medios nacionales, mostrando riñas, agresiones a mujeres actos vandálicos y afectaciones al espacio público, reavivaron el debate sobre la necesidad de regular la venta de bebidas alcohólicas durante las concentraciones masivas.
Incluso autoridades de la Ciudad de México han planteado analizar restricciones para los siguientes encuentros, ante la preocupación por los riesgos asociados al consumo excesivo.
Pues la intoxicación alcohólica no solo afecta las capacidades físicas y cognitivas de las personas, sino que también modifica de manera importante los mecanismos cerebrales encargados de la regulación emocional, el juicio crítico y el control de los impulsos.
Además, el alcohol también altera la actividad de las estructuras involucradas en el procesamiento de las emociones como el miedo, la ira y la agresividad.
Como consecuencia de esto, los individuos intoxicados pueden presentar una menor capacidad para suprimir respuestas impulsivas y una mayor probabilidad de reaccionar de manera desproporcionada o agresiva ante situaciones de frustración, provocación o conflicto.
Ya que la relación entre deporte y alcohol constituye una combinación de alto riesgo, donde las emociones intensas que acompañan a las competencias deportivas se ven amplificadas por el alcohol, incrementando la probabilidad de violencia, agresiones y conflictos tanto en espacios públicos como dentro de los hogares.
De esta manera, organismos internacionales han identificado un conjunto de medidas altamente costo-efectivas para reducir los daños asociados al alcohol. Dentro de esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir los daños asociados al alcohol, destacando el incremento de precios y el uso de medidas integrales como restricciones a la disponibilidad, prohibición de la publicidad, y uso de etiquetados de advertencia para disminuir los daños sanitarios y sociales del consumo de alcohol.
A pesar de esto, México continúa careciendo de una política nacional integral sobre alcohol y este año tiene una oportunidad para aumentar la recaudación y disminuir los daños al alcohol a través de la reforma fiscal al IEPS que se discute en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para hacer las bebidas alcohólicas menos asequibles.
En este contexto, es fundamental resaltar que las estrategias promovidas por la propia industria alcoholera, como el denominado consumo responsable, consumo inteligente o las campañas de autorregulación publicitaria, han demostrado ser inútiles para prevenir los daños asociados.
Por esto, resulta necesario impulsar una regulación más efectiva que permita reducir sus daños y fomentar entornos más seguros, sin ignorar la responsabilidad que también existe en su consumo, para así avanzar desde el Poder Ejecutivo hacia medidas más efectivas, aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas, establecer restricciones integrales a la publicidad y al patrocinio deportivo, incorporar etiquetados con advertencias sanitarias claras y fortalecer las políticas de disponibilidad mediante controles sobre horarios, puntos de venta y acceso al alcohol.
