El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) edición 2022 (el periodo analizado fue de enero a diciembre de 2021), que recoge datos sobre la medición y percepción de los ciudadanos respecto a la incidencia delictiva y seguridad en México.
Entre otras cosas, destaca que durante el año pasado 22 millones 114 mil 878 de personas fueron víctimas de algún delito en el país. Es decir, una media nacional de 24 mil 207 por cada 100 mil habitantes.
Además, fueron nueve entidades las que registraron una cifra mayor a esta tasa con el Estado de México, la Ciudad de México y Aguascalientes como las de mayor incidencia.
La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, asaltos, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).
Es entonces que los estados con mayor tasa de víctimas son el Estado de México con 38.3 (por cada 100 mil habitantes, luego le sigue Ciudad de México con 32.1, Aguascalientes con 27.3, Baja California con 27.2, Tabasco con 26.1, Guanajuato con 25.6, Jalisco con 25.2, Chihuahua con 23.8, Tlaxcala con 23.7 y Nuevo León con 23.1.
En ese mismo ámbito, los estados con menos incidencia fueron Michoacán con 14.1, Oaxaca con 15.0, Chiapas con 15.2, Hidalgo con 15.3, Veracruz con 15.7, Durango con 15.7, Tamaulipas con 16.1, Campeche con 16.9, Yucatán con 17.4 y Zacatecas con 17.9.
Por ciudad o área metropolitana, la prevalencia fue mayor en el Valle de México (que incluye localidades del Estado de México y Cuidad de México) con una tasa de 37.2.
Luego ciudades como Puebla con 36.2, León con 36.0, San Luis Potosí con 35.4, CDMX Norte con 35.4, CDMX Oriente con 34.1, Querétaro con 33.8, Toluca con 32.4, Guadalajara con 32.4 y Chihuahua con 32.2.
El tema de la inseguridad en México es uno de los problemas principales.
Los constantes episodios violentos y los altos niveles de crímenes que se registran a lo largo territorio, ha hecho eco a nivel internacional.
Como ya lo ha hecho en distintas ocasiones, Estados Unidos manifestó su preocupación ante la situación mediante el embajador Ken Salazar.
“Es muy real que con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países al país. (La) materia de seguridad es fundamental, más que otros temas que son de inquietud y son difíciles, incluso el T-MEC y la consulta, porque esas cosas se van a resolver, pero si no tenemos resultados en seguridad todo sigue temblando”, dijo el diplomático estadounidense a mitades de agosto.
Preocupa situación política del sureste por violenciaAunque todavía no hay indicios de ingobernabilidad, la licencia de la presidenta municipal de Santa María del Oro, Guadalupe Sandoval Farías, preocupa a especialistas, quienes ven amenazas al desarrollo de la voluntad del pueblo por el crimen organizado en la Región Sureste de Jalisco.
La Alcaldesa se separó del cargo sin exponer motivos ni hacer pública la decisión.
Fue hasta el pasado lunes cuando Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, reveló que Óscar Mendoza Sánchez había asumido el interinato como presidente municipal.
Sandoval Farías se retiró por tiempo indefinido. Fue postulada por el PRI y estaba al frente de su segundo periodo al hilo, tras ser reelecta en 2021.
Aunque no es una situación extrema, el hecho ventila el serio problema de inseguridad que acecha a los gobernantes jaliscienses, expuso Juan Jesús Ramírez Ramírez, profesor y coordinador de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
"Me parece que no hay elementos para hablar contundentemente de una falta de gobernabilidad, porque no estamos hablando de un asesinato o de una imposibilidad. Sin duda hay dificultades, parece que todavía es más contundente lo que pasó en Jilotlán. Lo que hay es un problema serio de seguridad que está comprometiendo la voluntad del pueblo, tanto del elector como de quienes la representan", expuso.
Sobre Jilotlán de los Dolores, Municipio que también pertenece a la zona Sureste de Jalisco, Ramírez Ramírez enfatizó que su panorama es todavía más complicado.
El año pasado los resultados de las elecciones por la alcaldía se anularon porque sólo se presentó el candidato de Morena, ya que los aspirantes del PAN y MC declinaron a pesar de que estaban registrados.
Ante la imposibilidad de integrar el Ayuntamiento, desde el 1 de octubre asumió la administración del Municipio un Concejo designado por el Congreso de Jalisco.
El académico de la UdeG indicó que no se ve por dónde se convoque a nuevos comicios; prevé que Jilotlán no tendrá un gobierno de elección popular hasta el 2024.
"Probablemente va a terminar el periodo de gobierno con ese Concejo o sin una figura electa popularmente, sino designada por el Congreso. De no mantenerse, probablemente sea otro Concejo", comentó.
En el proceso electoral de 2018 la violencia cobró la vida de Juan Carlos Andrade Magaña, Alcalde con licencia de Jilotlán y quien buscaba la reelección.
Ramírez Ramírez urgió a los Gobiernos estatal y federal a replantear la estrategia de seguridad y poner especial atención en los territorios que comparten ciertas características geográficas, pues es donde ve más amenazas a la gobernabilidad.
"Son municipios pequeños, poco poblados, municipios que son colindantes entre sí. Eso se refleja ahora entre Jilotlán y Santa María, lo que nos va dando algunas pistas.
"Dentro de todo, el aspecto positivo es que no hay una imposibilidad general de elegir gobernantes; hay rutas y enclaves muy fijos de algunos grupos criminales", opinó.
Jilotlán y Santa María se localizan en un lugar estratégico para el crimen organizado: colindan con la "Tierra Caliente" de Michoacán y están en el Sureste de Jalisco, región azotada por asesinatos y narcobloqueos en los últimos seis meses.
La Comisaría de Santa María del Oro ha sido víctima de varios ataques. En julio pasado cuatro elementos fueron reportados como desaparecidos, dos de ellos aparecieron calcinados. En junio acribillaron a otro oficial.
