Una jueza federal dio quince días al Congreso para acatar un amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia, y restaurar en la Ley Federal de Cinematografía (LFC) los esquemas de apoyo para esa industria.
María Isabel Bernal, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, notificó el 7 de diciembre el requerimiento al Congreso para ejecutar la sentencia dictada el 30 de agosto por la Segunda Sala de la Corte, que declaró inconstitucional la extinción del fideicomiso Fidecine.
Esa extinción fue parte de la eliminación masiva de fideicomisos del Gobierno aprobada por el Congreso en noviembre de 2020.
La Segunda Sala de la Corte estableció que el artículo Cuarto de la Constitución ordena expresamente que los apoyos a la cinematografía tienen que estar previstos en ley, por lo que no pueden quedar al nivel de un programa sujeto al presupuesto anual como el Focine, que implementa el gobierno, ni tampoco a la discreción de estímulos fiscales que determine el Ejecutivo.
"Por virtud del decreto de 6 de noviembre de 2020 impugnado, con la derogación de la regulación de dicho instrumento (el Fidecine) se eliminó el único mecanismo previsto en la ley de la materia que garantizaba el acceso y participación permanente en la industria cinematográfica, por lo que se viola el principio de reserva de ley, al desconocer el mandato contenido en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de la Constitución", afirmó la Sala.
El amparo ordena reformar la LFC en el actual periodo de sesiones, pero el primer requerimiento del Juzgado fue notificado al Congreso el 8 de noviembre, y no hay ninguna señal de que las comisiones de Cultura del Senado o la Cámara de Diputados estén avanzando en algún dictamen para cumplir la sentencia.
El periodo ordinario de sesiones del Congreso termina el 15 de diciembre, por lo que es previsible que las cámaras pedirán a la jueza una ampliación del plazo para ejecutar el amparo.
El desacato a una sentencia de amparo es sancionado con destitución y consignación penal del o los funcionarios responsable, sanción que solo la Corte puede imponer.
Otro desacato inminente del Congreso a una orden de la Corte ocurrirá si el Senado no designa esta semana a dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), como se le indicó desde el 4 de octubre.
En ese caso, la sentencia fue dictada por el Pleno de la Corte en una controversia constitucional, por lo que vigilar la ejecución del fallo corresponde directamente al máximo tribunal, a diferencia de los amparos, que se tramitan ante jueces a los que toca supervisar que se acaten.
