CIUDAD DE MÉXICO.- El robo a Plaza Antara, en la zona de Polanco, reavivó la discusión sobre la operación de las empresas de seguridad privada y sobre el nulo avance de la expedición de una Ley General que las norme.
En mayo de 2021, el Senado de la República emitió una reforma constitucional que facultaba al Congreso de la Unión para legislar y expedir la Ley General de Seguridad Privada; sin embargo, desde entonces, la normativa está empantanada.
"Está pendiente de aprobación y de su propia discusión en el Congreso, una Ley General de Seguridad Privada que precisamente va a darle cobertura a todo el régimen de empresas de seguridad en todo el País", enfatizó Jorge Lara, especialista de la Facultad de Derecho de la UNAM.
El experto destacó que lo que se busca con una nueva legislación general es que haya actualizaciones sobre las atribuciones de los elementos privados y sus facultades, sobre los protocolos de actuación, así como de sanciones para usuarios y empresas que contraten seguridad privada sin las autorizaciones correspondientes.
"Sería general, a diferencia de lo que pasa hoy en cada estado, que cada entidad federativa tiene su propia ley también incluirá cuestiones qué tienen qué ver con certificación de los propios integrantes de los cuerpos de seguridad privada y sus facultades, eventualmente, como primeros respondientes en la investigación de los delitos y algunos elementos y facultades en materia de prevención. Es una asignatura que ya tiene dos años pendientes", detalló Lara.
Actualización de sanciones
Mientras no se expida una nueva Ley General, remarcó el también experto en temas de seguridad, no se pueden lograr cambios en la local.
Aunque se han propuesto iniciativas de reforma a la ley vigente en la CDMX, ninguna ha prosperado bajo el argumento de que no se puede implementar hasta que no esté lista la nueva legislación nacional.
Gabriela Salido, diputada local del PAN, ha sido una de las impulsoras de estas reformas.
Uno de sus planteamientos ha sido la necesidad de actualizar las sanciones administrativas y penales por actos u omisiones que puedan ser constitutivas de algún delito mientras el personal de seguridad privada esté en funciones.
También ha señalado urgente que se homologue un protocolo de actuación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y que se elabore un padrón sobre quiénes ofrecen la protección particular.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también urge que se expida la nueva ley general, ante la proliferación de las empresas de seguridad privada y las distorsiones que ha representado su labor.
"Sin duda, dotará de mayores herramientas de coordinación, seguimiento y control a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en favor de los ciudadanos", considera la Coparmex.
