Por La Jornada
José Guadalupe Ramos Solano, mexicano de 52 años, detenido el 23 de febrero pasado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), murió el 25 de marzo en el centro de detención migratoria de Adelanto, California, después de que durante casi un mes el personal médico registrara que tenía niveles de glucosa de hasta 600 miligramos por decilitro –cifra propia de una crisis hiperglucémica– sin que fuera trasladado a un hospital.
Su caso es una de 17 muertes de mexicanos ocurridas del 20 de enero de 2025 a la fecha bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios de autoridades estadunidenses. De esos 17, siete han sucedido en 2026. De estos últimos, el ICE ha publicado hasta ahora cinco informes formales de defunción, documentos que comparten una misma estructura: anteponen la justificación de la detención a explicar las causas del fallecimiento.
El informe oficial detalla que, entre el 24 de febrero y el 23 de marzo, el personal de enfermería registró “lecturas que oscilaron entre 123 y más de 600 miligramos por decilitro”. Pese a ello, la respuesta documentada consistió en ajustes graduales de insulina, no en un traslado hospitalario. Ramos Solano murió tras ser hallado inconsciente en su celda, luego de maniobras de reanimación fallidas.
Un patrón semejante aparece en el caso de Alberto Gutiérrez Reyes, mexicano de 48 años, detenido en el mismo centro de Adelanto desde el 12 de enero. Durante febrero reportó síntomas persistentes de un cuadro infeccioso que derivó, el 26 de febrero, en que “sufrió una convulsión” y presentara anomalías renales y de coagulación. Murió por paro cardiaco el 27 de febrero, tras casi siete semanas bajo custodia.
Un tercer caso es el de Alejandro Cabrera Clemente, mexicano de 49 años, recluido en el Winn Correctional Center, en Luisiana, desde el 13 de enero. Con hipertensión diagnosticada desde su ingreso, fue evaluado varias veces entre febrero y abril sin que su presión arterial lograra estabilizarse. El 11 de abril, casi tres meses después de su detención, fue hallado con “desviación facial del lado izquierdo, cianosis... y sin pulso” –signos compatibles con un evento cerebrovascular–. Murió ese mismo día atendido por un paramédico bajo indicación telefónica de un médico local.
En los tres expedientes, el relato clínico queda en segundo término, pues los documentos anteponen un apartado que el propio ICE titula Historial Migratorio y Penal.
Los otros dos informes formales publicados en 2026 corresponden a muertes por asfixia. Royer Pérez-Jiménez, de 19 años, murió el 16 de marzo en el centro de detención de Glades, Florida, hallado con una ligadura de tela alrededor del cuello. Heber Sánchez Domínguez, de 34 años y sin antecedentes penales, falleció el 14 de enero en una instalación en Lovejoy, Georgia, seis días después de su detención por conducir sin licencia, también hallado con una ligadura al cuello.
Con el fallecimiento de Félix Alcorta Rodríguez, el 19 de junio, y Lorenzo Salgado Araujo, el 7 de julio, son ya 17 los mexicanos que han muerto en manos del ICE durante la actual administración de Donald Trump. Las causas de muerte registradas incluyen seis complicaciones médicas y negligencias, cuatro supuestos suicidios, tres incidentes de violencia o uso de la fuerza durante arrestos y otros dos pendientes de autopsia o bajo investigación.
Los casos de Ramos Solano, Gutiérrez Reyes y Cabrera Clemente forman parte de esas seis muertes atribuidas a complicaciones médicas, la causa individual más frecuente entre los connacionales fallecidos bajo custodia del gobierno estadunidense.
