El coordinador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde Guerra denunció que fue amenazado de muerte por dar acompañamiento al caso del joven nicaragüense Elvis Garay Lorio, vejado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y agentes del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem).
En una carta, remitida al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República y a organismos de derechos humanos, el sacerdote informó que una mujer llamada Diana marcó a su teléfono del número 9711539821 para amenazarlo de sufrir consecuencias fatales si no dejaba el caso del migrante centroamericano.
Expuso que las agresiones del personal del INM y del Cusaem, policía privada utilizada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, es un delito grave y por tanto, no prescribe por considerarse de lesa humanidad.
Explicó que personas desconocidas han ofrecido 10 millones de pesos en anteriores llamadas por su desistimiento y para evitar la desaparición y muerte de él y del migrante centroamericano.
“Si retiramos la demanda, salvamos la vida”, anotó.
Expresó que desde el comienzo de este año, han recibido llamadas intimidatorias, tanto él, como la víctima, de desaparecerlos y asesinarlos si no dejan el caso.
Precisó que el migrante centroamericano fue torturado y abusado en el 2013 en la estación migratoria de Las Agujas, lztapalapa, dirigida por un sobrino del entonces comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, quien encabezó la represión en San Salvador Atenco y en Oaxaca.
Incluso, observó que el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong le ofreció dinero ese mismo año a cambio de retirar la denuncia, pero se rehusó porque había ido a hablar con el funcionario de derechos humanos de los migrantes.
“Le dije que el dinero no me interesaba. Se enojó y nunca me volvió a recibir”, asentó.
Subrayó que las amenazas se han intensificado, porque está a punto de prosperar la justicia de miles de casos de atrocidades, crímenes, violaciones, secuestros y trata sufrida por los migrantes durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
“Ahora, el obstáculo mayor es el juicio. La experiencia en el tema migratorio nos ha enseñado que jueces anteriores han sido cómplices de los funcionarios corruptos y tumbaron los casos de víctimas migrantes, sobre todo de mujeres que sufrieron cosas horribles”, señaló.
Detalló que dos de los presuntos responsables, los agentes del INM, Guillermo N. y Rafael Facundo N., están procesados en el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Federales, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
“Diana, la persona que nos ha estado llamando nos advirtió que no va a ser nada fácil que ganemos, porque ellos son poderosos y no sólo cuentan con recursos, sino que tienen a funcionarios públicos leales al régimen anterior”, agregó.
Ante esto, hizo un llamado urgente a las autoridades a que coadyuven al logro de la justicia y protección de Elvis Garay Lorio, hoy también defensor de derechos humanos.
